El anuncio lo hizo el presidente  del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, en el marco  de la  Cumbre Regional de Seguridad  que dio  a luz  de  la creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo  integrada por   los ministros de Seguridad y Justicia de  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú.   

El BID dará financiamiento, asistencia y asesoría técnica  para ampliar intervenciones exitosas basadas en evidencia, poner en marcha proyectos piloto que prueben soluciones innovadoras para prevenir y responder al crimen y la violencia y fortalecer las capacidades institucionales que permitan  amplificar la experiencia a nivel regional y garantizar la sostenibilidad de las políticas. También busca promover la movilización de recursos para el sistema de seguridad y justicia de los países. 

Además se busca que esta  Alianza complemente los esfuerzos de las redes y plataformas existentes, fomentando el diálogo, la cooperación y el intercambio de conocimiento entre países. 

El crimen y la violencia son un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico de la América latina y el Caribe. Según estimaciones del BID, los países de la región pierden, en promedio, 3.5% del PIB anualmente, sumando el capital humano perdido y los gastos públicos y privados para responder al crimen.   

El  proyecto de $150 millones será aprobado por  el Directorio del BID en los próximos meses. Con estos recursos se financiarán dos iniciativas: el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios más expuestos a la influencia de la delincuencia organizada, a través  de  un nuevo modelo de servicio policial especializado para estos territorios con nuevas destrezas y capacidades tecnológicas  y para el establecimiento de centros de servicios sociales integrados para personas jóvenes en riesgo de ser reclutadas.   

Se complementarán estas iniciativas con tecnología y programas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que afecta particularmente a las mujeres, niños y niñas. Este es un modelo que ya ha funcionado en Costa Rica y Brasil, y que ahora será adaptado a las necesidades de Ecuador.  

 El programa, así mismo, va a aumentar la capacidad para investigar conductas delictivas y lograr su persecución penal. Esto incluye el establecimiento de unidades especializadas de inteligencia y análisis de datos, así como capacitaciones y tecnologías para detectar e investigar el lavado de activos.  Se modernizarán los sistemas policiales para investigar muertes violentas, extorsiones y secuestros, incluyendo el sistema de cadena de custodia de evidencias y se mejorarán las capacidades para detectar e investigar crímenes cibernéticos. 

 Este crédito  financiará un sistema integral para la gobernanza de la seguridad a nivel nacional y local que facilitará que las políticas se diseñen e implementen de manera coordinada y adaptada a cada contexto local, así como    contribuirá a mejorar la calidad de los datos, que incluye contar con datos desagregados entre hombres y mujeres, que permita formular planes locales acordes con las distintas violencias.

Se propone  fortalecer los programas de formación para las nuevas generaciones de policías y gestores en seguridad en la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales de Ecuador, abierto a toda América Latina.  

 El BID  creará una división solo para enfocar el problema de la   seguridad ciudadana  que  por primera vez en la historia  ha  incorporado el concepto de crimen organizado en su nueva estrategia institucional, EstrategiaBID+.  En este   marco se contempla la identificación y análisis profundo de los territorios o “focos” de fragilidad y violencia criminal, e inclusive de “gobernanza criminal” dentro de países o entre estos.  

Según el BID el crimen organizado trabaja sin fronteras mientras que los gobiernos carecen de recursos y herramientas para la colaboración internacional. 

El proyecto  contará con la   colaboracion con la CAF y el Banco Mundial  y se explora   con el FMI estamos  vías de colaboración en relación con los impactos del crimen y la violencia en el crecimiento económico y la productividad.  El crimen y la violencia amenazan tanto la paz de los ciudadanos como el crecimiento y desarrollo.