La cita continental  auspiciada  por la OEA y apoyada por el gobierno  de Colombia,  concluypo  con una Declaracion  de  enunciado para impulsar diálogos y nuevos consensos regionales centrados en las personas  con miras a garantizar el trabajo decente, promover las transiciones justas, así como impulsar el desarrollo de las empresas sostenibles y la adopción de nuevas tecnologías.

En resumen la Declaración  de compromisos  acordó:

Desarrollar y avanzar en marcos regulatorios y políticas públicas con un enfoque de derechos, orientados a brindar seguridad y protección a quienes  emplean nuevas formas de trabajo, como el trabajo digital o a distancia, plataformas digitales  promoviendo, asimismo, el uso ético, responsable, seguro, protegido y fiable de las tecnologías emergentes en el mundo del trabajo.

Reafirmar el compromiso con los principios de solidaridad y cooperación interamericana de la Carta de la OEA y reiterar los postulados de la Carta Democrática Interamericana y de la Carta Social de las Américas, que  afirma que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente por lo que se  requiere el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores; y que los Estados miembros de la OEA implementen políticas y programas de protección social integral basados en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, no discriminación y equidad.

 Reafirmar compromiso con el tripartismo y el diálogo social para lograr un nuevo contrato social en la región, para un futuro del trabajo justo, equitativo, inclusivo, ambientalmente sostenible y centrado en las personas. 

 Reconocer que la crisis climática y ambiental, como consecuencia del cambio climático, es uno de los desafíos más apremiantes de la región, así como la interconexión entre el disfrute de los derechos humanos y el cuidado y la protección del medio ambiente. Afirmamos la necesidad de contar con una intervención urgente y decidida de los gobiernos, a través del diálogo tripartito, para transitar hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles. 

Fortalecer la cooperación y la coordinación interinstitucional e intersectorial entre las autoridades de trabajo y otras autoridades relevantes, incluyendo finanzas, productividad, comercio, educación, salud, planificación, medio ambiente, desarrollo económico y social, con el objetivo de desarrollar políticas innovadoras basadas en evidencia, que atiendan a las especificidades de los territorios y sus poblaciones.

Buscar que la transformación digital esté alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, promoviendo mejores prácticas que reduzcan los impactos ambientales y fomenten la inclusión social y económica a través de políticas que integren a todos los segmentos de la sociedad en la economía digital.

Fortalecer acciones nacionales y de cooperación internacional para transitar hacia economías verde y azul y hacia sociedades incluyentes y ambiental, productiva y socialmente sostenibles.

Trabajar or lograr una reconversión y reinserción laboral adecuada y justa, y promover empresas sostenibles y el trabajo decente.

Articular agendas interinstitucionales a nivel nacional para identificar alternativas de diversificación productiva que aprovechen los recursos disponibles en los territorios, a la vez que generen oportunidades para quienes los habitan, permitiendo que los recursos naturales y las riquezas de los territorios se dispongan también para la reducción de la pobreza, la precariedad económica y las desigualdades, la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y el disfrute de los derechos humanos.

Trabajar para adoptar, en el marco del diálogo social, medidas concretas para avanzar hacia transiciones energéticas justas y sostenibles, promoviendo el mayor uso de energías renovables, procurando que las decisiones sobre estas iniciativas y los procesos de transición estén guiados por acciones que trasciendan las tendencias económicas de los mercados y los sistemas productivos tradicionales, asegurando una especial atención a la sostenibilidad y resiliencia ambiental, económica y social.

Realizar esfuerzos por lograr un crecimiento económico respetuoso del medio ambiente y mejorar las condiciones de vida para las comunidades.

Construir políticas, en diálogo con los interlocutores sociales, que promuevan y garanticen la justicia social y la generación de empleo productivo con protección e inclusión social y laboral efectiva, enfocadas en el respeto, la promoción y la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la visión de un mundo en el que se vive en armonía con la naturaleza.

Impulsar la implementación de un marco jurídico que acoja el diálogo social institucionalizado como una política de Estado, basado en el respeto, con miras a lograr una cultura de diálogo como expresión de la democracia y soporte de gobernabilidad que ofrezca respuestas efectivas para un mundo del trabajo justo, equitativo y centrado en las personas.

 Señalar que el empoderamiento de los trabajadores es esencial para el avance del crecimiento económico sostenible, el desarrollo inclusivo, los derechos humanos y la resiliencia democrática, y nos comprometemos a emprender acciones eficaces de promoción, divulgación, respeto, garantía y protección de los derechos de asociación, la libertad sindical y la eliminación de la violencia anti-sindical y de cualquier otra forma de violencia y acoso en el mundo del trabajo, así como el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, como fundamentos indispensables del diálogo social y el tripartismo.

Ratificar el compromiso de atender de manera prioritaria y desde un perspectiva de género e interseccional a quienes enfrentan mayores desafíos en el trabajo como las mujeres y miembros de otros grupos, comunidades y pueblos que han sido históricamente marginados, discriminados, y/o en situación de vulnerabilidad, a través de la creación de mecanismos de generación de empleo y de inclusión laboral, así como del fortalecimiento de sistemas nacionales de cuidados que fomenten la corresponsabilidad social y familiar del cuidado.

 Reafirmar el  compromiso de continuar fortaleciendo el rol de nuestros Ministerios en la coordinación, revisión, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de empleo y trabajo decente; de coadyuvar en la solución, mediación y conciliación de conflictos laborales; así como en el cumplimiento de la legislación laboral y la implementación efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Asimismo, coincidimos en la apremiante necesidad de fortalecer la inspección del trabajo como instrumento central de la administración laboral para garantizar la protección de los derechos laborales y atender empleos precarios e informalidad estructural en la región. Por ello, seguiremos fortaleciendo las capacidades institucionales de los Ministerios y, en esa medida, participaremos activamente en la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), como el brazo de cooperación de la CIMT.

Reafirmar  que debe dársele a todo migrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Por lo expuesto, nos comprometemos a continuar nuestros esfuerzos para alcanzar políticas integrales de migración laboral.

Reconocer que la informalidad laboral, las distintas formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo la trata de personas y toda forma de esclavitud; el trabajo infantil y en sus peores formas, incluyendo la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; la discriminación en materia de empleo u ocupación; la violencia y el acoso; la división sexual del trabajo; las brechas de género en materia de remuneración, entre otros desafíos, siguen obstaculizando mayores avances en los principios y derechos fundamentales del trabajo que son determinantes en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. R

La Conferencia  también acordó  poner en marcha un Plan de Acción basado en esta Declaración y establecer dos grupos de trabajo para continuar las actividades y acciones que contribuyan a los objetivos y los compromisos.