QUITO (Agencia ANE)._ El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia impuso una condena de 9 años de cárcel para el expresidente y vocal del Consejo de la Judicatura, Wilmán Terán y Maribel Barreno, respectivamente.
Esta es la primera vez que funcionarios de alta categoría son sentenciados por utilizar sus cargos para obstruir la indepedencia de los jueces en la toma de sus decisiones judiciales. La nueva sentencia contra Terán se suma a otra que por otros delitos recibió hace seis semanas. La señora Maribel Barreno deberá estar en la cárcel nueve años y cuatro meses como autora directa del delito de obstrucción de la justicia.Otros implicados también fueron sentenciados por haber participado en los actos ilícitos como funcionarios del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura no es la primera vez que está envuelto en actos corrupción sin embargo de que su papel es de administrar la economia y el personal de los miembros de la Función Judicial, sin interir en las decisiones de los juzgadores,
Este lunes una jueza denunció que el actual Presidente del Consejo de la Judicatura, intentó interferir en una sentencia sobre protección a la actual vicepresidenta de la República, No se conoce si este hecho será investigado de oficio por la Fiscalía General del Estado o si alguién presenta la denuncia.
En cuanto a la setencia contra Terán y Barreno y otros implicados el Tribunal también dispuso la publicación de la resolución en las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia. Además, ordenó la colocación de una placa en la sede del CJ con la inscripción: “Sin independencia judicial los derechos pierden su valor, el Estado su razón de ser y la sociedad desconfía en el sistema de justicia”.
Los sentenciados también deberán ofrecer disculpas públicas a la víctima indirecta, el ex juez de la Corte Nacional de Justicia,Walter Macías, y pagar una reparación económica: 3.000 dólares por parte de los autores, 1.000 dólares de los cómplices y 335 dólares al testigo clave que permitió llegar a descubrir la interferencia en la justicia.
Durante las de audiencias de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó veintidós pruebas testimoniales y cuarenta documentos que demostraron que los acusados cometieron obstrucción de la justicia desde el Consejo de la Judicatura. Los hechos ocurrieron entre mayo y agosto de 2023, cuando tres vocales principales del CJ ejecutaron acciones ilegítimas para intimidar al juez Walter Macías, utilizando medidas cautelares de suspensión para interferir en su libertad de actuación en un caso de tráfico de influencias.
El ex juez Macías fue asignado para tramitar una causa conocida como “Vocales”, en la que también era investigada Maribel Barreno.
El 3 de mayo de 2023,esta señora presentó una demanda de recusación contra el juez, lo que impidió la instalación de la audiencia programada para el 4 de mayo. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a Macías de sus funciones el 11 de mayo, pese a que la recusación había sido rechazada horas antes.
El 8 de mayo de 2023, se presentó una denuncia administrativa contra el juez Macías, en el marco del denominado caso Las Torres, alegando una infracción gravísima por no haber informado al Presidente de la Corte Nacional sobre la demanda de recusación en contra de un juez del Tribunal de dicha causa y la emisión de la sentencia oral, cuando se encontraba suspendida la sentencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encontrara ejecutoriada. Con base en estas alegaciones, el Consejo de la Judicatura destituyó al juez Macías.
Esta decisión, tomada con solo dos votos favorables, contraviniendo el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que exige tres votos para sanciones de destitución.
El delito de obstrucción de la justicia está tipificado y sancionado en el artículo 270.1, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
