El 31 de diciembre  pasado se  confirmó que, tras las pruebas periciales forenses de ADN,  que los cuerpos eran de los niños desaparecidos por lo que  un juez de Guayaquil ordenó prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea por su presunta participación en la desaparición de los niños.

 La  citada  Agencia  asegura que  se trata de desapariciones forzadas.Por lo tanto, la actuación de los responsables debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes,  haciendo hincapié en que el delito de la desaparición forzada no se anula con el hallazgo de los cuerpos.

ONU Suamérica sostiene  que el fatal hecho “debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”y se ha comprometido  apoyar a las familias de las víctimas  para brindar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas.

Del mismo modo, se comprometió a promover la justicia racial en el actuar de los agentes del orden y a impulsar la prevención mediante la capacitación en derechos humanos.