La investigación comenzó este viernes con el allanamiento de las oficinas de los consejeros de la entidad.
El CPCCS integrado por siete consejeros, cuatro activos militantes del movimiento político Revolución ciudadana, decidió ratificar la designación de González Carrión como superintendente de Bancos, para que desempeñe sus funciones por cinco años, contados desde su posesión ante la Asamblea Nacional, efectuada el 11 de agosto de 2022, sin embargo que tal nombramiento se invalidó por una decisión de la Corte Constitución.
El CPCCS antes de la toma del control del movimiento de la RC, había designado a Roberto Romero Von Buchwald en base a una terna presentada por el presidente Daniel Noboa, que lo había nombrado delegado permanente en el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
Lo ocurrido puso en alerta a los bancos privados del Ecuador que advirtieron que el sistema bancario entra en una etapa de total inseguridad jurídica.
La nueva mayoría del CPCCS ahora está conformada por los consejeros: Augusto Verduga,Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz. Franco Loor se principalizó tras ser destituido Juan Esteban Guarderas por los bloques legislativos de la RC, social cristianismo y el movimiento Construye.
Franco Loor, era candidato alterno de la llamada ‘Liga Azul’, que participó a nombre de la RC en los comicios para elegir consejeros.
La mayoría del Consejo, además de activar el nombramiento de González como Superintendente de Bancos, nombró como nueva vicepresidenta a Yadira Saltos, militante activa de la RC y devolvió la terna aprobada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.
Estas resoluciones fueron aprobadas con el voto favorable de la vicepresidenta Saltos y los consejeros Verduga (proponente de la moción), Bonifaz y Franco Loor. Votaron en contra el presidente Fantoni y las consejeras Verdezoto y Enríquez.
QUITO (Agencia ANE)._ La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre una presunta usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones légitimas de autoridad competente que habría perpetrado el CPCCS.