La pérdida  de sus ahorros de toda su vida laboral y las cesantías por  jubilación se debe a que las superintendencias de Bancos y Seguros y la de Compañías no autorizaron, la primera, la devolución del seguro de depósitos a las víctimas, sin embargo de que todos hicieron sus depósitos e inversiones exclusivamente en las cuenta bancaria de la financiera PROINCO. Según la ley el Seguro de Depósitos,COSEDE,tiene como obligación  pagar los depósitos a los clientes de las entidades financieras en caso de liquidación como ocurrió con PROINCO.

Por su lado  la Superintendencia de Compañías se dio por vencida aduciendo que las empresas  fantasmas a las que supuestamente  triángulo el dinero PROINCO para inversiones en proyectos de  vivienda, compra-venta y remate de oro, que lo convertía en lingotes  para respaldar a los ahorristas, no aparecen ni en Quito ni en ninguna otra parte del Ecuador, según ha informado  el liquidador nombrado.

De acuerdo con la versión de los perjudicados las dos entidades de control designaron, cada una, sus liquidadores que, en vez de ayudar se  confabularon con el empresario estafador. Se calcula en  100 millones de dólares el monto de la estafa. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador tampoco ha sido efectiva  para  encontrar la ruta  del dinero que maneja  Rivadeneira por la estafa  y fuera de la Ley. 

 Todo comenzó entre los años 2014, 2015 y 2016 cuando las víctimas depositaron dinero en efectivo o en bonos del Estado en PROINCO Sociedad Financiera  producto de sus ahorros de la  jubilación  y  ahorros de 20,30 y 40 años de trabajo. 

PROINCO se convirtió en financiera sin ninguna autorización. El grupo estaba encabezado por Santiago Ribadeneira Troya. Para la  estafa   masiva  este sujeto había creado varias empresas que, supuestamente, ejecutaban a nombre de PROINCO proyectos de vivienda, compraban oro o actuaban como casas de empeño para recibir joyas que posteriormente las fundían en lingotes que iban a ser  entregados a los  ahorristas en caso de que hubiera alguna  dificultad.

Para  captar  clientes  esta empresa  integró un ejército de sujetos que habían sido captados de otras financieras como es el caso de Diners Club para que “roben” los clientes con ofertas de pago de mejores intereses mensuales en la financiera.

Rivadeneira Troya fue descubierto y apresado. La Corte Nacional de Justicia lo sentenció a trece años y cuatro meses de cárcel y ordenó la inmediata  devolución de todo los  estafado más los respectivos intereses.

 Ahora el sujeto está esperando la boleta de excarcelación  por haber cumplido  más de la mitad de la sentencia. Sus abogados comenzaron  a gestionar durante el gobierno de Lenin Moreno el indulto por sus delitos ofreciendo devolver todo cuando esté libre.  Para el pedido  Rivadeneira contaba con la ayuda de parientes que eran funcionarios de la presidencia de la República. 

 El mencionado jefe de esta organización criminal  guarda prisión en una celda  del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga desde junio del 2016. No ha cumplido con la sentencia que le impuso una multa que deberá ingresar a las cuentas fiscales. Tampoco  está devolviendo los ahorros de las  1.356 víctimas. Sus 17 cómplices también  procesados o están prófugos o fueron absueltos. 

 Además del delito de estafa  es investigado  por delitos de peculado y  quiebra fraudulenta, entre otros.

Rivadeneira   ha montado su oficina en la cárcel. Cuenta con internet, computadoras, teléfonos celulares y varios presos que ha contratado para que lo protejan y le preparen sus alimentos. Desde su celda sigue realizando  negocios y presionando para evitar que se siga la ruta del dinero  robado que ahora  está siendo administrado por testaferros y familiares o para  que no se devuelva los fondos  como ha ocurrido, ya que las super intedencias  han cerrado el caso.

El  Comité de Víctimas  de PROINCO  liderado por Gisella Corrales en una carta abierta  pide al presidente Lasso  que niegue la pretensión de Rivadeneira de obtener un indulto y que exhorte a las Superintendencias de Compañías y Bancos para que COSEDE  devuelva  el dinero a todas las víctimas y  que  interceda ante  la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que concluya y presente su informe respecto a la ruta del dinero. .

La señora Corrales  cita a la Constitución de la República del Ecuador sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria que    dispone que es obligación primordial  de los operadores de justicia proteger al adulto mayor, incluirlo en la sociedad de manera activa, garantizar la igualdad de oportunidades para procurarles una vida digna.

La Defensoría del Pueblo tampoco se ha interesado  por este caso  de derechos humanos económicos.