El proyecto de Ley apunta a consolidar un marco normativo que fortalezca la lucha del Estado y las Fuerzas del Orden contra el narcoterrorismo y los grupos criminales, recuperar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia,  "el  Gobierno no descansará  en su accionar para combatir con todos los recursos a quienes pretenden robar la paz de la ciudadanía, por su  compromiso es mantener la fuerza y firmeza en las decisiones a favor de la seguridad, sin contemplación alguna para los criminales."

Esta es la primera propuesta  de la docena  proyectos y reformas de Ley que planteará  el presidente  Daniel Noboa a la Asamblea Nacional,  para resolver la situación económica, social y política  que vive  el país a consecuencia  de  la grávisima tolerancia y permeabilidad  que ha tenido el Estado con el crimen organizado que cuenta con   fuertes aliados políticos y parlamentarios y lo más grave con una decena de testaferros para blanquear  el dinero  en bancos,  financieras, industrias, agroindustrias,  construcción  de viviendas.

Según el anuncio oficial de la Asamblea, una vez que ha ingresado el proyecto, se analizará “ con objetividad y responsabilidad  este importante proyecto en favor  de la seguridad ciudadana y la paz social, una vez cumplidos todos los procedimientos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, previo a su calificación.”. Este lunes  se definirá  a cuál de las comisiones legislativas permanenentes se le encarga el trámite preliminar, una vez que  haysa sido calificada por el Consejo Administrativo Legislativo, CAL.

La futura Ley  pretende  establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno; proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas por las acciones delictivas, especialmente en las regiones fronterizas. 

Los legisladores deberán  decidir si están de acuerdo con:

• Autorizar a las  fuerzas armadas y policiales para  actuar de inmediato y oportunamente sin necesidad de las declaraciones de estados de excepción o de guerra interna.  
• Categorizar  a   los delincuentes como combatientes para  que las fuerzas del orden  actúen de inmediato para neutralizar a los grupos armados organizados. 
• Autorizar para  que el Presidente de la República durante el conflicto armado interno expida   decretos ejecutivos específicos   declarando   zonas de seguridad a los sectores   que sean identificadas por el Bloque de Seguridad.
• Facultar  al Presidente  para que anuncie la anticipación de indultos a miembros de las fuerzas de combate estatal procesadas penalmente por hechos relacionados con el conflicto, aún cuando se encuentren en etapa de investigación, instrucción o juicio.
• Determinar que el Bloque de Seguridad se convierta en  órgano de coordinación operativa en seguridad en un conflicto armado interno. 
• Dictar  medidas para la  recuperación de los ingresos tributarios afectados por economías criminales  y  establecer el paso de  régimen de transición de conflicto a estado de paz con apoyo complementario de fuerzas armadas.
• Incrementar la rebaja del impuesto a la renta por el valor que el contribuyente done a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas.
• Autorizar para que el  Presidente conceda  un incentivo económico a los pequeños y medianos productores del sector agro productivo; a los  jóvenes  y/o, a los actores de la economía popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares.
• Introducir nuevas  reformas al Código Orgánico Integral Penal para que los jueces y fiscales especializados puedan impulsar los procesos de   juzgamiento en forma  expedita;para   tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado; para que las  detenciones y allanamientos autorizadas por el Bloque de Seguridad sean sometidas   a revisión judicial posterior; determinar la prisión preventiva, como regla general, en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno;   para que no se dicte  prisión preventiva ni arresto domiciliario a policías o militares que combaten en el conflicto armado interno.

El proyecto  determina que serán objetivos militares los siguientes:

• Muebles e inmuebles en los que se realicen actividades ilícitas de los grupos armados organizados o vinculados a su economía criminal, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos, la trata de personas, entre otros;
•  Muebles e inmuebles que faciliten el tráfico ilícito de cualquier tipo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o vinculados a las economías criminales;
•  Muebles o inmuebles donde se almacenen armas, municiones o sus competentes, obtenidas de manera ilegal;
• Vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país, y que no pertenezcan a autoridades o instituciones gubernamentales.