QUITO (Agencia ANE). _ La libertad de prensa en Ecuador, según un último informe de la SIP,El informe que fue presentado en la 81 asamblea de esta Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los empresas periodístas de la región, sobre Ecuador señala lo siguiente:
- Agresiones físicas contra periodistas durante protestas sociales, amenazas de muerte, hostigamiento judicial, persecución contra medios críticos y discursos estigmatizantes provenientes de altas autoridades del Estado.
- Funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios. La ministra de Energía descalificó públicamente a Expreso acusándolo de “mentir” sobre los apagones. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política.
- El influencer afín al oficialismo @conejooligarca hostigó a medios como Ecuavisa, Teleamazonas y al caricaturista Bonil, reforzando la narrativa de “enemigos del pueblo” utilizada por el propio presidente contra la Corte Constitucional.
- Se recrudecieron los ataques digitales contra Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. El prófugo Xavier Jordán difundió videos con acusaciones infundadas, exhibió chats privados y divulgó información personal para desacreditarlas. Las hijas del exlegislador denunciaron intimidación ante Fiscalía y solicitaron protección dentro del Sistema de Víctimas y Testigos. Estos hechos se dieron en paralelo a la audiencia de formulación de cargos contra Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, José Serrano y el propio Jordán, como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
- Marco Cadena, director de La Naranja, renunció a su medio debido a amenazas de muerte, hostigamiento digital y vigilancia contra su familia en Imbabura. El periodista había denunciado vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.
- Durante la cobertura de manifestaciones, varios comunicadores resultaron agredidos por fuerzas de seguridad y manifestantes. En la marcha del 12 de agosto en Quito, periodistas de Expreso, Wambra Radio y GK fueron empujados, golpeados o impedidos de cubrir al presidente Daniel Noboa.
- El periodista Marcelo Ruiz, corresponsal de TC en Manabí, sobrevivió a un atentado armado que lo dejó gravemente herido en Portoviejo, Santa Ana.
- En Loja, el periodista Boris Sarango fue demandado penalmente por el excandidato Ángel Loayza, aunque fue absuelto por la justicia al comprobarse que la información publicada provenía de registros públicos.
- En Guayaquil, los reporteros de Expreso, Jonathan Palma y Flor Layedra, enfrentaron una denuncia por “actos de odio” presentada por un empresario de la salud, tras publicar investigaciones sobre millonarios contratos del IESS con prestadores privados. El caricaturista Bonil y la periodista Sara Ortiz fueron descalificados y tildados de “terroristas” desde cuentas oficiales por funcionarios de alto rango.
- Plataformas como Facebook eliminaron contenidos de medios comunitarios y digitales como La Mañana MS, Exprésate Morona Santiago, Radio Sentimientos, KLN Noticias, bajo el pretexto de infracciones de derechos de autor. Estas denuncias provenían de perfiles falsos como “Ámbar Armijos” o “El Mago Evon”, lo que configura un patrón de censura digital.
- En la provincia de Santa Elena, KLN Noticias reportó la eliminación de más de 25 videos vinculados a coberturas de protestas por la venta de terrenos municipales en La Libertad. Su director, Cristian Plúas, también denunció que perfiles falsos reportan sus contenidos, provocando eliminaciones inmediatas en Facebook y bloqueos de WhatsApp. Los ataques afectan también a activistas y medios locales como La Primera y Mónica Silva. Plúas alertó sobre una posible estrategia organizada desde instituciones provinciales.
- Se difundió información sobre una supuesta investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) contra distribuidores de periódicos, generando una campaña contra Expreso, amplificada por medios afines al oficialismo. No existe evidencia de involucramiento de Granasa, empresa editorial de Expreso y Extra. El SRI inició auditorías a 15 contribuyentes por inconsistencias en ventas, sin explicar la filtración. José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, difundió un video en X vinculando al diario Expreso y Granasa con un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos, sin evidencia concreta. El medio respondió que Neira anticipó conclusiones antes de cualquier investigación formal del SRI, programada para el 24 de septiembre, y rechazó “intimidaciones” que buscan deslegitimar su labor crítica e independiente.
- El presidente Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente que impone restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo disoluciones, sanciones económicas y control financiero generalizado. Fundamedios y otras entidades alertaron que la norma afecta la libertad de asociación y expresión.
- En el marco del paro nacional, se registraron agresiones y restricciones a la prensa y organizaciones sociales. Se denunció el congelamiento de cuentas bancarias a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo; represión en comunidades indígenas del norte y ataques físicos y digitales a periodistas durante las protestas. Numerosos comunicadores fueron golpeados, amenazados o excluidos de espacios oficiales, mientras se reportaron bloqueos de internet e intentos de censura en redes sociales. También se documentaron casos de hostigamiento interno dentro del movimiento indígena.
