QUITO.14.JUL.2021 (Agencia Ane)._ 17 Países de países de Centro y Sudamérica, Europa y la UE abogan por una solución pacífica y negociada entre la oposición y el gobierno de Venezuela para solucionar definitivamente la crisis política, económica y social que agobia al pueblo desde el ascenso al Poder de Nicolás Maduro.
Estos países forman parte del denominado Grupo Internacional de Contacto (GIC) que, ante las circunstancias que vive dicho país, han cambiado de posición frente al presidente Nicolás Maduro y ahora plantea diálogos inclusivos entre todos los actores políticos y a la sociedad civil para avanzar, con urgencia y buena fe, en la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
El GIC integrado por Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Uruguay y Ecuador, sostiene que la única salida de la crisis es la negociación política y establecer urgentemente un diálogo inclusivo dirigido por los propios venezolanos que conduzca a elecciones creíbles, libres y transparentes de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales de Venezuela.
El GIC apoya los renovados esfuerzos de diálogo en aras de una salida pactada a la crisis y llaman a ambas partes a participar de forma constructiva en la mesa de negociación. Además llama a la unidad de las fuerzas democráticas de la oposición a fin de encontrar una salida de la crisis que exige compromisos difíciles y una amplia concertación para lograr una transición hacia la democracia, la estabilidad y la prosperidad, señala el manifiesto difundido por la cancillería de Ecuador.
De otro lado el GIC emplaza al gobierno a garantizar los derechos civiles y políticos, la libertad y la seguridad de todos los actores políticos y la puesta en libertad de todos los presos políticos, incluidos los que se encuentran en situación de arresto domiciliario, así como el fin de la intimidación contra los actores políticos y la sociedad civil y el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.
Por último solicita que para las próximas elecciones locales y regionales se cumplan con los estándares democráticos propios de unas elecciones libres, justas y transparentes.
Finalmente expresan su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en el país y en los países vecinos, agravada por la pandemia de la Covid-19.
El gobierno de Venezuela ha intensificado esta semana sus acciones de persecución, detenciones arbitrarias, represión e intimidación en contra de sus opositores y sobre todo de quienes cuestionan la conducción gubernamental y los próximos comicios regionales.