Fue el entonces presidente  Donald Trump quien  implementó una política que, bajo argumentos de salud pública, permitía a las autoridades de ese país expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Dicha política, conocida como Título 42, terminó tras haber sido renovada varias veces.

Al reactivarse el Título  8 autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si  intentan  volver a entrar a Estados Unidos. 

La nueva regla del gobierno de Estados Unidos que restringe el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados”, puntualizan la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.

Dichas  agencias  sostienen que ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes. Cualquier acuerdo, anota,  entre Estados sobre retornos – incluido el retorno de solicitantes de asilo a un tercer país –, debe garantizar la prohibición del retorno forzado de personas cuya vida y seguridad pueda estar en riesgo en su país de origen. “Los retornos sólo deberían llevarse a cabo siguiendo el debido proceso y con las salvaguardias necesarias, de conformidad con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”, explicaron.

Por su lado la directoria  de UNICEF,  Catherine Russell, conminó a todos los gobiernos, “incluido el de Estados Unidos  a permitir el acceso a los procedimientos de asilo, independientemente de la nacionalidad”.

Russell mencionó el desplazamiento diario de millones de niños y familias en América Latina y el Caribe, “expulsados de sus hogares por los desastres, los efectos del cambio climático, la violencia, la extorsión y la pobreza extrema”, y llamó al trabajo conjunto para abordar los factores negativos de la migración y el desplazamiento.

“Los niños de la región necesitan más apoyo”, aseveró pronunciándose por ampliar el acceso a los servicios esenciales de salud, bienestar y educación, al igual que por la prevención de la violencia y la creación de oportunidades en sus comunidades.