En este último periodo  gubernamental más bien se ha agudizado incluso  con asesinatos  políticos  y sentencias que cubren la impunidad.

EN LA REVOLUCION CUIUDADANA 

Durante el gobierno de Rafael  Correa,  se denunciaron  múltiples  casos en los que altos funcionarios y vocales  del Consejo de la Judicatura interfirieron  en las cortes de justicia para  perseguir  a sus opositores, quitar del medio a la competencia empresarial, así   como para nombrar y   destituir  jueces para reemplazarlos  por quienes podían  ser obsecuentes  a sus intereses.

PERIODO DE MORENO

En la presidencia de Moreno un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) tuvo a su cargo  la  evaluación del desempeño del Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia  y la Fiscalía General del Estado. Esta evaluación  no  frenó  al   Consejo de la Judicatura para  torcer  la selección, evaluación y nombramiento de  jueces temporales de   la Corte Nacional de Justicia y selección de candidatos para la  renovación parcial  del más alto organismo de Justicia. Tampoco para  inteferir en las  decisiones  de los  jueces  de las cortes nacional, provinciales y  tribunales. para dictar sentencia  en favor  de sus protegidos, especialmente  ex funcionarios  gubernamentales.

En este periodo además   debido proceso fue violentado reinteradamente  y las acciones de protección  para  implicados  en casos de corrupción pública y en favor  de delincuentes  de alta peligrosidad no pudieron ser  evitados por la omisión y acción de losoperadores judiciales.

Para estas conductas  antiéticas  contribuyó  el   Consejo de la Judicatura  que cerró la mayoría de sus dependencias judiciales, salvo aquellas que se ocupan de cuestiones de “flagrancia” en asuntos penales, violencia doméstica, infracciones de tránsito y delincuencia juvenil. El consejo dispuso  audiencias virtuales que fueron  mal utilizadas. SE administraba justicia  desde el domicilio de los jueces sin  ningún control.

 Así mismo se  puso  vigente  la facultad   del Consejo de la Judicatura   para suspender o remover a funcionarios judiciales,sancionar a un juez, fiscal o defensor público  que actué con “dolo, manifiesta negligencia” o que cometan un “error inexcusable”.La Corte Constitucional había  dispuesto  que para que el Consejo proceda de esta manera  tenía que  esperarse  la sentencia  de un juez  si a sus manos llegaba  el proceso. Esta resolución judicial fue  suspendida parcialmente.

EN LA ACTUALIDAD

En la actual administración  la inferencia política,  la corrupción  y en algunos casos el miedo  han permitido que los jueces  sean obsecuentes  con los criminales  y corruptos, dictando  acciones de protección  para  liberarlos, sin embargo  de que ha habido pruebas irrefutables de sus delitos. De estas acciones  se han beneficiado  ex funcionarios de la RC y del gobierno  de Moreno.   

Las investigaciones  de  casos  de corrupción  de grupos  mafiosos  asociados con políticos gbernamentales no caminan y los denunciantes son víctimas  de persecución y   chantaje a tal extremo que han tenido que abandonar el país  o lo más grave con   asesinatos  como ocurrió  con  el  candidato presidencial Fernando Villavicencio, del alcalde  de Manta, Joaquín Intriago.  

A esto se suma  la pugna  entre  consejeros  del Consejo de la Judicatura,  jueces de la Corte Nacional de Justicia y  del Consejo  de Participación Ciudadana y Control Social     sometidos  descaradamente  a las presiones  e interferencia política  y económica.