En un comunicado condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional y exige que los diferentes actores políticos e instituciones estatales respeten los principios democráticos, que se asegure la gobernabilidad constitucional de las autoridades electas, respetando los derechos políticos de las personas que han sido elegidas y de quienes los eligieron. Las instituciones estatales deben funcionar en un entorno basado en los principios de la democracia y el respeto del Estado de Derecho, como base fundamental para la paz y la estabilidad del país, señala el comunicado.
El presidente socialista enfrenta denuncias de corrupción por no haber reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dineros ilegales para su última campaña electoral. Es investigado por la Fiscalía de la Nación por el aporte de $500 millones de pesos a su campaña electoral presidencial del año 2022 . En este caso se vinculan al gerente de su campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; al entonces presidente de Colombia Humana y actual superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga y al presidente de Fecode, William Velandia.
“Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda”, escribió en su cuenta X el gobernante y acusa a la Fiscalía General de la Nación de planear pedir un juicio político en su contra y alega que ha hecho una investigación inconstitucional, sin embargo de que esta no tiene esa facultad puesto que no es su función investigar o ser juez.
Mas Petro tiene problemas por las aparentes irregularidades que se habrían registrado en los gastos e ingresos de su campaña en 2022. Su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, reconoció ante la Fiscalía que se habría apropiado de dineros que, al parecer, movió irregularmente y que tenían como fin financiar la campaña. Petro Burgos ha aclarado que el presidente no tenía conocimiento de estos movimientos, pero en su caso, la Fiscalía recopiló material probatorio con el que lo acusó de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Petro acusa al Fiscal, Francisco Barbosa de ser el autor de lo que le ocurre. El citado Fiscal deberá dejar el cargo, si la Corte Suprema de Justicia logra designar a su reemplazo cuyo candidato es propuesto por el presidente. Este jueves centenares de seguidores del gobernante rodearon el Palacio de Justicia por espacio de dos horas. La tensa situación fue controlada por la fuerza pública, El pleno de la Corte Suprema no pudo realizar el nombramiento.
Petro además se enfrenta a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña. “Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente”, afirmó el mandatario al reiterar que lo quieren derrocar.
La Contraloría además averigua sobre los gastos de unos $1.000 millones que se habrían gastado en funcionarios al servicio de Verónica Alcocer, esposa de Petro.Así mismo, sancionó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, por la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, Atlántico.
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Desde que asumió el cargo el Presidente viene denunciando que se enfrenta a enemigos internos.En mayo del año pasado habló de que se preparaba un “golpe blando”. También enfrenta otros líos internos de sus ministros.La Contraloría General suspendió por tres meses la licitación del contrato de pasaportes e investiga a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 en Barranquilla.
“No nos van a dejar gobernar, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular”, sostiene el Presidenrte.
WASHINGTON(Agencia Ane)._ La Organización de los Estados Americanos (OEA) considera imprescindible garantizar que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial.