Es un nuevo intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que causarán impunidad en causas penales que ya cuentan con condenas ejecutorias, dice la   Fiscalía General del Estado (FGE)al advertir  lo que puede ocurrir si la Asamblea Nacional  aprueba el proyecto de reformas que comenzará a debatirse  en el pleno desde este jueves.

Los cambios  fueron preparados por la comisión legislativa de justicia de la Asamblea Nacional, bajo el control del movimiento Revolución Ciudadana  que  dirige  desde Bélgica el expresidente Rafael Correa, condenado  a  8 años de cárcel. Esta sentencia  pretende  revertirla con las reformas y supuestamente basado en un informe  que habría emitido  la Comisión de Derechos Humanos  de la OEA.

La Fiscalía  General  denuncia  que la reforma  pretende obligar a la Fiscalía General   archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no hayan prescrito, so pena de sancionar a los titulares de acciones penales públicas,sin tomar en cuenta que existen investigaciones que involucran un tiempo mayor a uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta Institución.

Por otro lado, agrega, además de contribuir a la impunidad, el proyecto de reforma del COIP pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operaciones de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional, al tratar de exigir a esta Institución la entrega de información que reposa en sus archivos y que -por regla general- tiene una cláusula de reserva , cuya finalidad radica precisamente en asegurar la eficacia en la persecución del delito, garantizando el tratamiento adecuado de los datos personales y respetando la presunción de inocencia de los implicados.

Se pretende incluir la imprescriptibilidad de ciertos delitos sin análisis ni estudios político-penales previos que sustenten su imposición, desobservando el principio de proporcionalidad contenido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, subraya  la Fiscalía.

Concluye el comunicado señalando  que es evidente que las propuestas deben cumplir con los principios de la política criminal y no responder a intereses políticos. Por lo tanto, la legislación debe legislarse de acuerdo con la doctrina internacional y en virtud del desarrollo progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución y el Sistema Penal Acusatorio vigente en el Ecuador: una propuesta irracional crea escenarios de litigio sin fundamento e instancias que pueden dar lugar a escenarios de impunidad.