A estas erogaciones se suman  aquellas  que reciben  aquellos operadores   judiciales administrativos  que  están  sometidos a procesos  disciplinarios por incumplimiento de funciones o  de corrupción. La Ley  que  regula  la estabilidad  de los servidores públicos  no  rige para la Función Judicial.

La Corte de Justicia de Guayaquil  se encuentra  en acefalía  tras  el apresamiento de  siete  de los doce  jueces que operan en ese distrito. Sin embargo  los jueces apresados en el caso  “Purga”  “siguen siendo jueces”, según el presidente  interino del Consejo de la Judicatura, Alvaro Román,  quien  además asegura que “tienen derecho a sus vacaciones” no tampoco se los puede  sancionar por abandono de cargo porque “una orden de prisión preventiva, no es abandono, es fuerza mayor.”

En ese destrito tres presidentes  han  sido denunciados y procesados por corrupción. Dos  están en la cárcel y el actual sometido a proceso investigativo dentro del caso "Purga".

“ Hasta ahora no tenemos norma o mecanismo para botar a esos jueces. Tenemos que esperar que renuncien o los llamen a juicio. Imagínese, tenemos que esperar los 90 días de instrucción fiscal y la audiencia de llamaniento a juicio, es decir, 120 días tenemos que seguirles pagando sueldo,” señala. 

De otro lado, Román, que hasta antes de ser presidente del CNJ, era un abogado en libre ejercicio, asegura que la Justicia no solo está bajo el acecho del crimen organizado, sino también bajo las presiones políticas.  Entonces, tratar de inmunizar al Consejo es una tarea muy compleja. 

El Consejo Nacional de la Judicatura  actualmente  administra,controla y castiga disciplinariamente a alrededor de  1700 jueces, así como al doble de  funcionarios judiciales. En Esmeraldas  la justicia  es tierra de nadie, se confabulan los jueces, los fiscales, los policías.