El hecho sin precedentes en la historia reciente  en que se vincula a una ciudadano electo   para la alcaldía ha dejado perplejos a los guayaquileños  que  no  salen de su asombro, sinembargo de que  la denuncia  deberá ser investigada por la Fiscalía Provincial del Guayas. Incluso ahora se menciona  que  las estaciones  de servicio de la familia Alvarez  son las  que venden la gasolina para el parque automotor municipal, especialmente para el que se utiliza para combatir  la delincuencia y el terrorismo.

Alvarez salió al paso  de esta denuncia diciendo que   “... justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos, justo cuando la seguridad empeora y sus planes no dan resultados aparece la farsa, el montaje distractor sin sustento…”

 Nicole Dixiana Bermudez Peña,coordinadora zonal Guayas   de la agencia  de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentó a  nombre del Estado  la denuncia contra   Álvarez, y sus hermanos,   Antonio Álvarez, presidente de Barcelona Sporting Club)   Xavier Álvarez y José Antonio Alvarez “ por presunto comercio irregular de combustible.

La denuncia también  es contra Fernando Patricio Peñaherrera Vanegas, Daniel González Jurado,César Emilio Bravo Ibañez, José Ricardo Cevallos Avellán,José Ignacio Franco Magallanes, así mismo de  la compañia Fuelcorp S.A., las  gasolineras Copedesa  y Gasgrupco S.A. en donde son accionistas la familia Alvarez.

De acuerdo a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se encontraron "posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el volumen facturado por varias estaciones de servicio".

La denuncia incluyó pruebas documentales, grabaciones y testimonios que sugieren una red de comercio ilegal. Copedesa, fundada en 2021, tuvo ventas por 26.9 millones de dólares en 2023,siendo su mayor accionista   el alcalde de Guayaqui. 

La  denuncia fue presentada   en base al artículo 246  del COIP. Dicho artículo dice:

 Artículo 264.-  “... La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, o estando autorizada lo desvíe a un segmento distinto, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa expedida por la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de la libertad de la siguiente manera:

a. Mínima escala, de dos a seis meses.

b. Mediana escala, de seis meses a un año.

c. Alta escala, de uno a tres años.

d. Gran escala, de tres a cinco años.”

“Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, la sanción comprenderá además la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de la persona jurídica”, señala la disposición legal 

Los delitos de acción pública son aquellos que afectan a la sociedad en general y por lo tanto, son perseguibles por el Estado, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia. Estos delitos tienen un gran impacto en el sistema judicial, ya que generan una carga de trabajo considerable para las autoridades encargadas de su investigación y procesamiento.