En la cita  regional se discutieron temassobre inseguridad, cambio climático, inclusión de los grupos más vulnerables,fortalecimiento  de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y las líneas hacia  un nuevo pacto social iberoamericano   con la participación de  una sociedad civil fuerte, activa y con mecanismos efectivos de participación.

Otro tema  que  centró la  atención fue   el aumento de las desigualdades en la región iberoamericana,el decrecimiento económico, estancamiento de  la inversión  y  la caída  de las tasas de empleo y ocupación, incremento  de la brecha de género sigue profundizándos. Según CEPAL más de 180 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y 70 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos.

Los más  afectados de manera desproporcionada son las mujeres, personas de género diverso, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes  Además hablaron  sobre   la concentración de riqueza y los modelos económicos extractivistas  como elementos  incompatibles con los derechos humanos, protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

El Encuentro hizo un llamado a los gobiernos para fortalecer las democracias y reconocer el papel crucial de la sociedad civil en la creación de políticas inclusivas. También se alertó sobre el debilitamiento del espacio cívico, el aumento de la desinformación y la criminalización de defensores de derechos humanos. Asimismo, se destacó la necesidad urgente de cerrar la creciente brecha tecnológica y garantizar el acceso a la tecnología como un derecho fundamental en un mundo cada vez más digitalizado.

Finalmente recomendarán  a los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno tomar acciones  urgentes sobre:

• Defensa de los derechos humanos con la promoción activamente de la protección de los derechos humanos, combatiendo discursos regresivos provenientes de sectores gubernamentales, sociales y empresariales.
• Políticas públicas inclusivas con presupuestos adecuados que garanticen los derechos humanos, fomentando un crecimiento sostenible que valoriza la economía social, solidaria y popular, y reconoce los saberes de las comunidades.
• Reducción de desigualdades con políticas fiscales redistributivas con enfoque feminista, que incluyan mecanismos para reducir las desigualdades y controlar la evasión fiscal.
• Desigualdad de género: Abordar la cultura machista que perpetúa las desigualdades, garantizando la autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres, y reduciendo las brechas existentes (salarial, de educación, trabajo y participación política).
• Reconocimiento de las mujeres, valorando su aporte en la reproducción de la vida y la producción de riqueza, asegurando justicia en el acceso a bienes y servicios.
• Políticas de cuidados que promuevan la equidad en las tareas de cuidado, reduciendo la desigualdad entre hombres y mujeres.
• Políticas de sostenibilidad que incluyan justicia climática y tengan en cuenta el impacto desproporcionado del cambio climático en las poblaciones vulnerables.

Educación ambiental en la agenda democrática, permitiendo que la ciudadanía participe informada en decisiones sobre el medio ambiente.

Políticas para la transparencia y rendición de cuentas que permitan combatir la corrupción y promuevan la confianza en las instituciones democráticas mediante gobernanza digital.

Participación ciudadana inclusiva en la toma de decisiones políticas y sociales, fortaleciendo la participación de grupos excluidos y garantizando mecanismos efectivos de democracia participativa.

Diálogo permanente sociedad civil – gobierno para cocrear políticas públicas y soluciones a problemas sociales.

Acceso a información confiable y veraz para todas las personas, para combatir la desinformación que afecta gravemente este derecho fundamental.

Marco normativo para la sociedad civil que facilite la participación de organizaciones sociales, eliminando barreras burocráticas y fiscales que dificultan su funcionamiento.

Protección de defensores de derechos, garantizando un entorno seguro y protegiéndolos contra hostigamiento, violencia y criminalización.

Acceso a financiación nacional e internacional a proyectos de las organizaciones que contribuyen al desarrollo social y económico.

Capacitación para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, mejorando su capacidad de cooperación con gobiernos y entidades regionales.