Las demandas  provienen de diferentes sectores de oposición política  sin que estos  se pronuncien si con ello  quieren, en caso de que resuelva la Corte Constitucional, se encargue la presidencia a la señora Abad Rojas, que guarda silencio desde que no pudo  asumir  el interinazgo el pasado domingo cinco.

De acuerdo con un comunicado de la Corte, varios jueces  deberán presentar los informes  respectivos para que el pleno adopte  las decisiones constitucionales  que se requieran una vez que declaren la  adminisibilidad de las demandas. 

La jueza Cármen Corral Ponce deberá emitir el informe de   adminisibilidad o no  de la causa 1-25-AN  en   contra  el presidente Daniel Noboa por el incumplimiento  del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia,  que señala que  “Los dignatarios  que opten por la reelección  inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.”  

La jueza  Teresa Nuques Martínez tramita la causa que se refiere a la constitucionalidad  del decreto ejecutivo 493 expedido por Noboa, que declaró  el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena,El Oro y Sucumbios; en el distrito metropolitano de Quito, los cantones La Troncal y Camilo Ponce Enriquez, y en los centros de privación de libertad a nivel nacional.

El caso 1-25-IN  está  pendiente de  adminisibilidad  por parte del  tribunal de sala de admisión. El informe  lo prepara   la jueza Karla Andrade Quevedo. El caso es en contra  de los decretos ejecutivos 494 y 500  relativos al ejercicio de la vicepresidencia y al encargo de la presidencia de la República, respectivamente.

En caso 20-24-CN se refiere  a una consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 2,4,54 y 56  del Acuerdo ministerial MDT-2024-175,presentada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha  en el contexto de la tramitación de una Acción de Protección presentada por Verónica Abad.Actualmente está sustanciándose  por la jueza ponente Daniela Salazar Marín.

La Corte Constituicional dice  que no es ajena a la realidad del país  y cuenta  con la firme resolución de priorizar  estos casos para atender oportunamente los temas de acuerdo a sus competencias  y por petición de parte.