La demanda será planteada ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,organismo  que, a su vez,  deberá  trasladar el caso a la Corte Interamericana de Justicia, para  el proceso  respectivo contra el Estado. La denuncia  se planteará una vez que concluya el proceso penal que se abrió en contra  de 16  miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  que   realizaban un patrullaje nocturno, dentro del estado de excepción  que rige en el Ecuador, para  enfrentar a las organizaciones  criminales y terroristas. Los miembros  de esta patrulla están presos y acusados  de la captura y posterior  desaparición de los niños. Los acusadores son defensores de los derechos humanos  a nombre de los padres de las víctimas.  

Un primer pronunciamiento  sobre este caso  fue difundido  por la CIDH  desde la ciudad de  Washington  en la mañana de este miércoles 22. " El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas", dice el comunicado.

Revela   que    el  Estado ecuatoriano  ya ha respondido   sobre  este caso,ratificando  su "compromiso de respetar  y garantizar los derechos humanos y ha informado " sobre  los distintos esfuerzos  realizados por las instituciones públicas para la búsqueda de los desaparecidos; la identificación de los cuerpos; las medidas para garantizar la presencia de los presuntos implicados en el proceso penalv y las diversas acciones para cooperar con la justicia penal."

Sin embargo la CIDH pide a Ecuador que redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares. "Se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de la posible comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En el estudio del caso, se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas; así como los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen ser tratados con respeto. Asimismo, se llama a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas," señala el comunicado.

De otro lado exige  que Ecuador, en el marco de la lucha contra el crimen organizado  adopte medidas urgentes para asegurar que todas las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de derechos humanos, que incluya priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes contra la violencia institucional, estructural y el perfilamiento racial. En ese marco, debe  implementar medidas de seguridad ciudadana, cumplir su obligación reforzada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, dado su especial situación de vulnerabilidad y la relación de subordinación en que se encuentran. 

Steven, Josué, Ismael y Saúl desaparecieron tras ser detenidos por la patrulla militar. Después  de días de búsqueda se encontraron  sus cuerpos que habían sido  incinerados.El 8 de diciembre de 2024 fueron detenidos  en las cercanías del Mall del Sur  de la ciudad de Guayaquil y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas. Esa noche, Ismael pudo comunicarse con su padre, a quien indicó que habían sido acusados de robo y detenidos por militares.  El 24 de diciembre, la Policía Nacional encontró los 4 cadáveres incinerados y con signos de tortura, en una zona de manglar cercana a la base aérea de Taura.

El 25 de diciembre, una jueza de niñez y adolescencia de Guayaquil, mediante un hábeas corpus, declaró  que se  trataba  de una desaparición forzada; ordenó la investigación y dispuso que el Ministerio de la Defensa pida disculpas públicas.  el Ministerio de Defensa cumplió la orden judicial y  a su vez  anunció que buscará una sanción contra la jueza  por considerar que su actuación dio paso a una "persecución política"; a la vez, criticó la "narrativa de derechos humanos" contra las fuerzas armadas con supuestos fines políticos.

Entre tanto prosiguen las investigaciones y se han comenzado a receptar  versiones de distintas personas. Los   16 militares siguen con  prisión preventiva.

Según la  CIDH el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales. Al respecto, se recuerda que los estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles, pues las fuerzas armadas reciben entrenamientos dirigidos a "derrotar al enemigo", y no a la protección y control de civiles.