Un comunicado de la Casa Blanca da a conocer que  la conducta  del citado organismo judicial de la ONU es maligna y amenaza con “infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno y de nuestros aliados, incluido Israel".

La CPI, sin una base legítima, ha afirmado su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares sobre el personal de Estados Unidos y  ha abusado de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, subraya. 

El comunicado   recuerda a la Corte Internacional que  no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI. Ninguno de los dos países ha reconocido nunca la jurisdicción de la CPI y ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra,agrega. 

Las recientes acciones de la CPI contra Israel y Estados Unidos sientan un precedente peligroso, ya que ponen en peligro directamente al personal actual y anterior de los Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos al acoso, el abuso y la posible detención. Esta conducta maligna, a su vez, amenaza con infringir la soberanía de los Estados Unidos y socava la labor crítica del Gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional y política exterior y nuestros aliados, incluido Israel, anota la Casa Blanca.

 Señala  que  Estados Unidos se opone inequívocamente y espera que sus  aliados se opongan a cualquier acción de la CPI en su contra y contra Israel o cualquier otro aliado de Estados Unidos que no haya consentido la jurisdicción de la CPI. 

Además anuncia  el comunicado  que  Estados Unidos impondrá  medidas tangibles y significativas contra  los responsables de las transgresiones de la CPI, como  el bloqueo de propiedades y activos,   suspensión de la entrada a los Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares inmediatos, ya que su entrada a nuestra Nación sería un desastre para  los intereses norteamericanos

Advierte que cualquier esfuerzo por parte de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, por lo que declara una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. 

Finalmente dispuso que  todos los bienes e intereses en bienes de la Corte Internacional  que se encuentren en los Estados Unidos o que en lo sucesivo entren en los Estados Unidos, o estén o queden en el futuro bajo la posesión o el control de cualquier persona de los Estados Unidos,  están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o negociados.