El “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en el Ecuador” está financiado con un crédito  del Banco Intermaericano de Desarrollo,BID,bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP, por sus siglas en inglés).

Se busca, dice  el BID,  contribuir a la reducción de la violencia criminal y de los mercados ilícitos mediante reformas estructurales en cuatro áreas clave: la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales; la modernización de la función policial; el combate al lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos; y la reducción de la minería ilegal.  

El programa contempla beneficios directos para más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes, 641.000 residentes de la Amazonía ecuatoriana, estudiantes de 1.785 escuelas priorizadas por su exposición al riesgo de reclutamiento y 5.880.000 de habitantes de 23 cantones vulnerables. Se espera que, hacia 2027, la tasa promedio de homicidios en estos cantones se reduzca de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes, y que aumente en un 10% la percepción de seguridad en las comunidades educativas. 

El plan también incluye medidas específicas para proteger a niños y adolescentes migrantes, como la implementación de un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados. 

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la “Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo”, la estrategia regional del BID para fortalecer la capacidad de los países de la región de coordinar sus esfuerzos contra el crimen organizado.  

Se trabajará en  una estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la implementación de un nuevo modelo de servicio policial con enfoque territorial y basado en evidencia, la promulgación de una nueva ley antilavado conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero para enfrentar la minería ilegal. Asimismo apoyará la implementación de innovaciones como la Notificación Plateada de INTERPOL, que mejora la recuperación de activos ilícitos en el extranjero, y la creación y uso del registro REBEFICS, que permite identificar los beneficiarios finales que están detrás de “empresas fantasma” usadas para lavar activos. 

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, en coordinación con instituciones clave de los sectores seguridad, justicia, educación, minería y finanzas. La operación incluye mecanismos de monitoreo y evaluación rigurosos, así como asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de las reformas. 

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