El Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía en las que demostró que Glas y el  director técnico del comité de reconstrucción,   Carlos Andrés Bernal, utilizaron sus cargos  para "abusar de dineros públicos" que debían ser utilizados "para la atención a las víctimas del terremoto".

Los dos sentenciados  priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y no atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

"Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización", señaló el Fiscal, Jacinto Toainga.

El Tribunal acogió la carga probatoria de la Fiscalía General del Estado y los  declaró culpables del delito de peculado, y los sentenció a 13 años de pena privativa de libertad. El Tribunal determinó que, aunque no firmaron documentos, ambos coadyuvaron  a la ejecución de la infracción.

Los sentenciados, dice la resolución del Tribunal, además  deberán ofrecer disculpas públicas ante el Juez de ejecución y a la ciudadanía mediante un video de difusión pública que incluirá la frase: “La corrupción no es solo un delito, es una traición a la confianza del pueblo”.

La Fiscalía   presentó veinte testimonios y veinticinco pruebas documentales que demostraron que Glas y Bernal   abusaron de fondos públicos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad, destinados exclusivamente a la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

Demostró que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados y, en cambio,  usaron los fondos en obras no contempladas para ese fin, como el Parque Las Vegas y el proyecto “Tramo Acceso al Puerto de Manta-Redondel del Imperio Colisa”. A partir de estos hallazgos, se investigaron nueve proyectos adicionales financiados con recursos de la Ley de Solidaridad, cuyo uso debía ser específico para atender las consecuencias del desastre.

La  aprobación de proyectos no prioritarios fue con pleno conocimiento de los procesados.   Bernal siguió órdenes de Glas.   Se  priorizaron once proyectos con despilfarro, denominados como “elefantes blancos” y “Ferraris sin llantas”, según la pericia de un experto en riesgos.

La Jueza Mercedes Caicedo aseguró que  los acusados  realizaron  comportamientos ilícitos, como la existencia de la empresa Concrenor, cuyos propietarios son familiares de Carlos Andrés Bernal. Se comprobó el incumplimiento de presupuestos de ley, el abuso de potestad estatal y la arrogación de funciones, causando un perjuicio al Estado por 225.395.910,92 dólares, precisó.

  Caicedo subrayó que   si bien el exvicepresidente no suscribió contratos, pudieron evidenciar "su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad"

"Este no es el juzgamiento de un delito político ni es una decisión política, aquí se trata de fondos que no se usaron en favor de las víctimas del terremoto, quienes hasta la presente fecha sufren el dolor de la pérdida, por lo que es necesario reparar los daños causados por las actuaciones realizadas por Jorge Glas y Carlos Bernal", añadió Caicedo.

“Es preciso que la administración de justicia genere un precedente para que en el futuro ningún servidor público, abusando de recursos públicos y aprovechándose de una emergencia nacional, construya elefantes blancos destinados a beneficiar a unos pocos, ignorando las verdaderas necesidades de quienes ‒hasta hoy‒ no encuentran una respuesta a la tragedia de ese 16 de abril de 2016”, declaró Toainga.

El delito de peculado está tipificado en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona esta conducta con una pena de trece años de prisión.

La resolución del  Tribunal  prohibe que Glas ejerza el derecho de participación política por  25 años.  

Esta condena  se suma a dos  que cumple  por corrupción:una  por asociación ilícita en el caso Odebrecht   por cohecho en el caso Sobornos 2016, en el expresidente Rafael Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.

  El caso de que se robaron plata de la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, tras los terremotos  del 16 de abril del 2016 fue presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por Julio César Trujillo, en el 2019.

Luego la Contraloría  concluye, tras realizar un examen especial,  que hay indicios de responsabilidad penal en los contratos  de construcción del parque Las Vegas de Portoviejo, construcción de un tramo de acceso  al puerto de Manta.

El CPCCS señala que  dice que hay indicios para presumir  el delito de delincuencia organizada, porque se priorizaron proyectos  sin sustento técnico ni nada relacionado con la reconstrucción  de las zonas afectadas por el terremoto.

La Fiscalía  llama  a Glas en abril del 2019 a  que rinda su primera versión con fines investigativos. 

Se ordena la detención de Glas  que había  recobrado su libertad  en forma condicional por los otros delitos  desde el año 2022 y este  huye y logra ingresar a la residencia del embajador mexicano en Quito. La Corte Nacional de Justicia ordena su captura e  ingresa a la sede diplomática.

Desde ese entonces  está en la cárcel La Roca. Ahora la defensa  apelará  la sentencia y continuará  el proceso.

Mientras tanto  Glas y Bernal  deberán devolver alrededor 125 millones de dólares, según la sentencia de primera instancia.