Por Fernando Boja Gallegos
Publicado el 22 de marzo de 2018
El Ecuador se debate agobiado por las múltiples denuncias de corrupción galopante: el robo descarado en la reparación de la Refinería de Esmeraldas, la que necesita cientos de millones para ponerla en eficaz funcionamiento, según las actuales autoridades de Petroecuador. Las hidroeléctricas, megaproyectos cuyos sospechosos proyectos, en varios aspectos mal diseñados, se encuentran paralizadas, sin que los responsables respondan por ese despilfarro. El denominado Caso Singue, en el que existiría un perjuicio al Estado de alrededor de 90 millones de dólares. Yachay, la Ciudad del Conocimiento o mejor dicho la Ciudad del Desconocimiento, se encuentra semiparalizada y sus 4.480 hectáreas semi abandonadas, proyecto en el que se han invertido más de mil millones de dólares, en obras y en equipos.
También, el país espera conocer la respuesta de los altos funcionarios de la década pasada sobre el “EXAMEN ESPECIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RELATIVO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2012 AL 2017”.
Que decir de los exámenes especiales, que lleva adelante la Contraloría General del Estado, sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), sus exorbitantes gastos, pago de honorarios, asesorías, etc., etc.
Se debe rememorar la negligente inversión pública en varios edificios que, semi construidos o construidos, adolecen de fallas estructurales. Además, interesante citar que la planificada Refinería del Pacífico significó al Estado un ingente perjuicio económico, como lo destacó el actual Jefe de Estado, sin que se conozca la acción penal en contra de los autores del perjuicio.
Nada más oportuno que traer a la memoria la impertérrita actitud del Ministerio Público de Brasil, Colombia y, especialmente, de Perú, cuyos personeros han actuado sin contemplación, en defensa de los intereses de sus países, respectivamente. Prueba de ello, Jefes de Estado se encuentran investigados, alguno detenido, otro prófugo; y, varios ex ministros y altos funcionarios en la cárcel o con la perspectiva de ingresar a ella.
En el actual preciso momento el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo para evitar ser destituido por el Congreso de la República, pese a lo cual tendrá que responder por sus actos ante la Justicia.
No se puede omitir destacar que la Fiscalía de esos países contaron con la rectitud de jueces probos que, pensando exclusivamente en bien de la sociedad, condenaron en muchos casos a los infractores a penas civiles y penales.
En el Ecuador, me temo que después de un corto tiempo, lleguemos a la conclusión de que uno de los pocos funcionarios que, cumpliendo con su deber, pretendió castigar a los corruptos, se haya visto impedido de hacerlo, por la falta de colaboración de los personeros de las otras Funciones del Estado.
Por lo expuesto, formulo votos porque el señor doctor Pablo Celi, respetable Contralor General del Estado, continúe cumpliendo con el deber que el ejercicio de su alto cargo le impone. Su impertérrita actitud redundará en bien de la moral pública
