La Corte Constitucional sólo calificó diez,rechazó seis que presumían le podrían otorgar más poder al  presidente de la República. Otras  cuatro plantean reformas constitucionales que seguirán siendo analizadas.  

Entre las preguntas  que  aprobó constan:

 “¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?”“

 ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?”.

 “¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?” 

 “¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?”

  “¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?” 

La  Corte Constitucional no aceptó  las preguntas  sobre   la creación de zonas de interés nacional en la que se revoquen concesiones mineras para evitar la infiltración de la minería ilegal,reformar el código penal para que el presidente indulte a policías, militares y agentes de prisiones que sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza contra sospechosos de delito, que policías y militares sean juzgados por tribunales policiales y militares en casos de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco que estos integrantes de las fuerzas de seguridad no sean ingresados en prisión preventiva mientras son procesados.

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