El mandatario estuvo acompañado de ministros de Estado, el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa;la embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Doródnova; la coordinadora de la ONU residente en Ecuador, Laura Melo y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.

En el ataque  utilizaron bombas molotov, piedras, voladores y colocaron obstáculos en la carretera para   interrumpir  al convoy y el tránsito.

El gobierno aseguró que la acción  fue  perpetrada  por  terroristas disfrazados de  indígenas. Entre tanto siguen 17 militares   secuestrados   sin conocer   su paradero y el estado en el que se encuentran.

Según la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo Garcés. los  violentos  intentaron  impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura.”Estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos. Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero y el estado en el que se encuentran”, reiteró.

Esto ya no es una protesta, son delitos que amenazan la vida y convivencia de los lugares donde estos hechos están sucediendo”,reiteró.

El gobierno del presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar ni retroceder porque eso significaría dejar de entregar beneficios a la gente”, al ratificar que se elimina  el subsidio al diesel y que esos recursos  ya han  sido distribuidos  a 83.000 familias, de las cuales 1.803 son de la provincia de Imbabura; $ 10,5 millones a los transportistas, de los cuales   865 beneficiarios son  de Imbabura. Además  se han entregado 140 tractores.  

“Hemos beneficiado a más de 35.000 familias campesinas de la provincia de Imbabura de las cuales 12.000 son mujeres jefas de hogar, generando una transformación social y de política pública nunca vista en el país”, puntualizó Jaramillo.

El ministro del interior, John Reimberg, por su lado, dijo que  quienes quieren incitar al caos y terror intentaron boicotear el convoy pero que  no lo lograron. El Bloque de Seguridad continuará velando y sin tregua por el Ecuador entero.

La Conaie  ratificó la continuidad del paro y descartaron sentarse a negociar con el Ejecutivo. Marlon Vargas, presidente de la Organización, negó  las acusaciones sobre terrorismo y un financiamiento de la mafia.  “Exigimos que organismos internacionales de derechos humanos dispongan de inmediato una investigación (…) que esclarezca los hechos y sancione a los responsables materiales e intelectuales”, expresó.

 Insisten en   la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126,  solución a la crisis de salud y educación pública; respeto al derecho a la protesta, cese de la expansión minera y extractivista,  garantías plenas para la vida de los pueblos indígenas, reducción del IVA al 12%.

Además anunció  que los indígenas  votarán  NO a la consulta popular  y pidieron la libertad de los detenidos de Otavalo.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Imbabura  está  en sesión permanente  y exige de manera úrgente al Gobierno Nacional y a las organizaciones sociales de la provincia que se establezcan mesas de díálogo, para buscar acuerdos y resolver la crisis que afecta a Imbabura. También se solicitarán a las partes en conflicto que eviten protagonizar más actos de vilencia.

De otro lado reportes  de otras provincias del país  dan cuenta  que la situación en las carreteras  se ha normalizado y que  en algunas capitales provinciales, los esporádicos brotes de violencia han sido neutralizados. Se trabaja  normalmente, dijeron  fuentes policiales.