Para el funcionamiento de  esta organización criminal  contaban con el apoyo  de un grupo de al menos nueve  jueces;de una agente externa en comunicación, identificada como Mayra Salazar y otros operadores  del Consejo de la Judicatura Provincial y Nacional.

 La audiencia de formulación de cargos duró alrededor de 12 horas después de que el lunes, se realizaron 43 allanamientos a oficinas jde los jueces involucrados y domicilios particulares  para incautar  documentos, aparatos electrónicos y sobre  todo detener  a unas doce personas, entre  ellas,  ocho jueces y el asambleísta Muentes y su esposa. 

El juez de la Corte  Nacional de Justicia, Javier de la Cadena aceptó la solicitud de la Fiscalía General que pidió su prisión  preventiva  por el delito de delincuencia organizada. Los procesados  tendrán noventa días para defenderse mientras, el mismo tiempo, la Fiscalía para ahondar más  en sus investigaciones.En la audiencia  la Fiscalía presentó 119 elementos de convicción.

De la Cadena  dictó prisión preventiva contra 11 de los 12 implicados en el delito sustentado por la fiscal, con excepción del  juez Reinaldo Cevallos que tendrá   arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. Además ordenó la enajenación de bienes por $3.9 millones y congelamiento de las cuentas  bancarias

También permanecerá en las cárcel el  Exasambleísta Pablo Muentes, considerado como  cabecilla de la Organización y su esposa  Mónica Alvarado Bardi.

La expresidenta de la Corte provincial y actual jueza penal,Fabiola Gallardo Ramia, también cabeza la citada organización, igualmente  seguirá encarcelada, así como los jueces Johan Marfetán Medina,   Henry Taylor Terán,  Guillermo Valarezo Coello,   Alberto Lino Tumbaco y Nelson Ponce Murillo.

Además  permanecerán detenidos  Saúl Mera Zambrano, funcionario  administrativo del  Consejo de la Judicatura Provincial, Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército y  Fausto Alarcón Gómez,así mismo funcionario judicial.Otra implicada es   Mercedes Villarreal, ahora prófuga. Este ciudadana también era parte del grupo que manejaba la organización criminal.

La  Fiscalía General,   a raíz del caso Metástasis, obtuvo    elementos  suficientes para investigar a Muentes,a la jueza Gallardo y al menos  7 jueces constitucionales provinciales,funcionarios de la Corte Provincial y del Consejo Provincial de la Judicatura. Pidió por lo tanto   que sean procesados por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer interes individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estado, es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoraciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias “Fito” además de intereses individuales. 

Gallardo y Cevallos eran jueces  de la Sala Penal  cuando se iba a conocer  la apelación de la SNAI para trasladar a “Fito”  a la cárce de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Antes de esta operación el sujeto huyó y hasta hoy no se se lo encuentra.

Alrededor de  un centenar de causas, relacionadas con acciones de protección, planteadas en contra del Estado ecuatoriano, habrían sido ilegalmente sorteadas y direccionadas a jueces que, presuntamente, formaban parte de esta estructura criminal que favorecía a políticos, empresas privadas y personas naturales. 

La fiscal general,Diana Salazar que fue la que expuso  todos los elementos de convicción, puntualizó  que  Mayra Salazar, una persona extraña a la Corte Provincial, manejaba un “troll center” para ejecutar las órdenes  de la jueza  Gallardo y  del ex asambleista  Muentes. Además  manejó el sistema de sorteo de causas de la Corte y manipularlo a favor del grupo para el que operaba, que incluía narcos, políticos y delincuentes sentenciados.

 La operacion policial y de la fiscalía que fue bautizada como caso  ‘Purga’, se desarrolló fundamentalmente en Guayaquil. En la  la vivienda del exasambleísta Muentes incautaron  dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos,  7535 dólares y 505 euros  y una chequera. 

El caso ‘Purga’ “es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y, obviamente al del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas”, dijo la Fiscal Salazar. “Llas economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”, agregó.