QUITO ( Agencia ANE)._Miembros de una organización criminal que operaba desde la Presidencia de Corte Provincial del Guayas y de la Asamblea Nacional, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. La red de corrupción manipula procesos judiciales.
Además de la sentencia penal parte de la organización perdió sus derechos políticos por más de doce años, según la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que concluyó el proceso después de más de un año.Por unanimidad dicho Tribunal sentenció al exasambleísta Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo y al exjuez provincial Johan M. a trece años y cuatro meses de prisión, en calidad de líderes de la estructura de delincuencia organizada.
Otros procesados que eran funcionarios judiciales como Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Guillermo V. y Juan R. fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel, en calidad de colaboradores del delito. Alberto L. y Ruth S., que se acogieron a la cooperación eficaz, deberán cumplir una pena de un año y cuatro meses de prisión.
El Tribunal declaró inocente a Fausto A., Andrea P. y Saúl M.
Todos los condenados deberán pagar multas ue fluctúan entre los 18.800 dólares , para los líderes y 9.400 dólares para los demás.
Además como reparación integral dispuso la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura a escala nacional y la colocación de una placa a costa de los procesados.
El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, demostró que los imputados son responsables del delito de delincuencia organizada, al haber actuado dentro de una estructura criminal, cuyo objetivo era buscar beneficio para los procesos judiciales del entonces asambleísta Pablo Muentes. En este caso probó que el exlegislador ocial cristiano ejerció el control de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, a través de Fabiola Gallardo, expresidenta de esa entidad y el juez provincial Johan Gustavo M.
La Fiscalía además demostró que Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Ramos L., Ruth S., Guillermo V. y Juan R. colaboraron con las actividades delictivas de la organización destinada a cometer delitos como prevaricato, cohecho y peculado, para –a partir de ello– otorgar beneficios a los líderes del grupo.
La investigación de Fiscalía se centró en varios eventos en los que demostró la participación de los procesados:
“Evento Banco del Pacífico”: Pablo Bolívar Muentes A. y su cónyuge adquirieron préstamos del Banco del Pacífico que nunca pagaron. En 2020, ambos presentaron una acción de habeas data en contra de esa institución financiera, presentando notas de crédito falsas para justificar el pago de sus deudas. La red de corrupción –manipulando los procesos judiciales en la Corte de Guayas– consiguió para ellos la indemnización casi 4 millones de dólares.
En la demanda contra el banco estata,el ex asambleista Muentes contrató al constitucionalista Rafael Oyarte.
Además, la Fiscalía probó que el exjuez Reinaldo C., quien dictó un acto de ejecución a favor de Muentes y su esposa, mediante el cual dispuso que se les repare económicamente. Cinco días después fue nombrado Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas por Fabiola Gallardo.
Así mismo la organización criminal intervino en una demanda contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, buscando evitar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) sea declarado contratista incumplido. Los jueces Fabiola Gallardo, Guillermo V. y Henry T. revocaron la sentencia original, favoreciendo al CEE a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas.
El fiscal Toainga mencionó que “solo erradicando estas prácticas de las Cortes y Tribunales del Ecuador, podremos alejar los intereses particulares y políticos de las decisiones judiciales y administrativas, consolidando un poder judicial sólido, ético, independiente y honesto”.