Entre los procesados se encuentra el candidato presidencial Andrés Arauz, tres exconsejeros y una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e incluso una presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Arauz y Ester Cuesta viven en México e Italia, respectivamente.No se conoce si han pedido asilo. La orden judicial es que deben presentarse periódicamente ante la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho acogió la totalidad de las pruebas de la investigación previa que realizó la Fiscalía General del Estado y que fueron expuestas por el Fiscal General, Wilson Toainga.
El alto magistrado al respecto señaló que las conductas de los procesados son propias de una asociación ilícita al realizar actividades específicas destinadas para controlar los poderes del Estado, “llegando a ser juez y parte dentro de los procesos de selección de autoridades, mismos que el Consejo de Participación Ciudadana debía emprender con honestidad e imparcialidad, como es su obligación”.
La jueza Camacho acogió el pedido y los elementos expuestos por Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión para Andrés David Arauz. G. y Esther Adelina Cuesta deberán cumplir la medida de presentación periódica una vez al mes en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, mientras que a Raúl Agustín González tiene prohibición de salir del país y deberá presentarse periódicamente cada quince días en Guayaquil.
Además, dispuso la retención de cuentas por un monto de 5.000 dólares a cada uno de los ahora procesados. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Los vinculados este miércoles se suman a Sócrates Augusto Verduga, Betzy Yadira Saltos Rivas, Nicole Stephanie Bonifaz López y Eduardo Julián Franco Loor a quienes se les formularon cargos en marzo del año en curso. Estos manejaban el CPCCS como un reducto político y centro de operaciones para perpetrar sus actos corruptos,negociar cargos públicos claves para su manejo indirecto.
La investigación se inició el 24 de enero de 2025 tras una allanamiento a las instalaciones del Cpccs, en el que se incautaron los celulares del exconsejero Sócrates Augusto Verduga S., cuya información habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado. Estos hechos se perpetraron desde diciembre de 2024 hasta inicios del año 2025.
Los elementos de convicción dan cuenta de que Arauz habría sido quien coordinaba de manera externa las acciones ilícitas. Por medio de la aplicación Wire, habría emitido directrices de actuación, a fin de cristalizar el control de la institución. Además, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales, sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, incluyendo las que se planteaban ejecutar en el Cpccs para sus intereses particulares.
Estas acciones habrían tenido como principal beneficiario a Raúl Agustín González, ya que entre los planes estaba su designación como Superintendente de Bancos. Para cumplir con sus objetivos, habrían contado con el papel indispensable de la exasambleísta Esther Adelina Cuesta quien fungía como Presidenta del Parlamento.
El delito de asociación ilícita, está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42 del mismo cuerpo legal.

WASHINGTON (Agencia ANE).- El FMI calcula que al menos unos 6 billones de dólares se "blanquean" anualmente en el mundo y que los países gastan 2 billones en investigar los casos de los dineros ilícitos que se legalizan.
YAUNDE,CAMERUN (Agencia ANE).- El Papa León XIV concluyó este miércoles su visita a Argelia y emprendió rumbo a Camerún, segundo país africano de su visita apostólica.
QUITO (Agencia ANE)._ Siete activistas del movimiento Revolución Ciudadana son procesados por asociación ilícita para controlar a la Superintendencia de Bancos y Seguros y otras funciones de control del Estado ecuatoriano.