Dichas motores  o fuentes financieras  son el narcotráfico interno y externo,  lavado de activos, minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de personas, extorsión y otras actividades ilícitas de menor escala pero, así mismo, letales. Con l os  recursos que obtienen adquieren  armamento sofisticado, reclutar y mantener a sus miembros, sobornar funcionarios, lavar activos, condicionar las operaciones económicas cotidianas de los ciudadanos y ejercer un control territorial, asegura  un análisis  de los  ministerios del Interior y Defensa Nacional.

El documento  reconoce  que  hay  una profunda y extendida penetración territorial de los grupos de delincuencia organizada transnacional y delincuencia organizada nacional,  que han consolidado zonas de injerencia en todas las provincias del país. Estos grupos explotan las economías ilícitas y las rutas estratégicas para actividades como el narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, delitos hidrocarburíferos, lavado de activos, entre otros.

Operan  een las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro que se han convertido en   corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita. Son las zonas en donde se ha incrementado  el crimen.  Por ejemplo en  Esmeraldas en los cuatro primeros  meses de este año  se han cometido  1.548 homicidios. A nivel nacional  el registro supera los 3.084 homicidios, según dicha fuente oficial. En el año 2023, la provincia del Guayas registró 3.845 homicidios, seguida por Los Ríos 1.010 , Manabí  986.

El fenómeno estructural de homicidios responde   a lógicas delictivas complejas, sistemáticas y organizadas con capacidad armamentística para generar violencia,subraya en análisis.

Entre los años  2022 y 2024  se ha registrado un crecimiento exponencial  de los delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo, todos ellos asociados directa o indirectamente al fortalecimiento de estructuras armadas organizadas. 

En 2022 hubo 6.651 casos de extorsión; en 2023, 17.597,es decir hubo   un incremento del 164,6%  y en 2024, 20.293  un 15,3% adicional.  En el transcurso del año 2025, esta cifra  bajó a   4.569 casos. Los secuestros en general pasaron de 713 casos en 2022 a 1.372 en 2023 (92,4% de incremento) y a 2.095 en 2024 (52,7% de incremento), acumulando un crecimiento del 193,8% en dos años. En lo que va de este año  la cifra alcanza a los   692 casos.

El secuestro extorsivo  creció de 581 casos en 2022 a 1.146 en 2023, 1.457 en 2024  y en lo que va del año ya se han registrado    417 casos.

El documento  subraya además que la proliferación del secuestro y la extorsión como mecanismos recurrentes para el financiamiento criminal y la imposición de órdenes coercitivas, afecta  directa a derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, la integridad, y la seguridad jurídica y económica de la población.  

 Según  de los  ministerios del Interior y Defensa Nacional, la profunda y extendida penetración territorial de grupos de delincuencia organizada transnacional  y delincuencia organizada nacional  han consolidado su  injerencia en todas las provincias del país. Operan no solo  en Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí  sino  en  Orellana y Sucumbíos.   En  esta última provincia  hay  una fuerte presencia de Grupos Irregulares Armados de Colombia (GIAC),

De acuerdo con los datos oficiales  en  Guayas  operan al menos once estructuras criminales diferentes -entre ellas Tiguerones, Choneros, Lobos, Aguilas y Latin King-. Estos grupos han sido  clasificados con un nivel de impacto “crítico”, debido a la convergencia de múltiples economías ilícitas como narcotráfico, contrabando, delitos en espacios acuáticos y tráfico de armas.

Estas   bandas criminales   con capacidad bélica, intentan el control territorial y cometen actos de violencia sistemática contra la población civil y el Estado.  El impacto de esta violencia armada trasciende el ámbito de una actividad delictiva común pues responde a fenómenos y estructuras complejas, con distintos niveles de actuación tanto desde lo económico, operativo, así como en la distribución de roles propias de una jerarquía organizada con fines violentos y criminales que cuenta con ingentes recursos económicos, colocados de forma indiscriminada en varios sectores productivos, afectando el mercado y la economía del país.

 Estas estructuras criminales han provocado severas afectaciones económicas: interrupción de cadenas logísticas, desplazamiento de inversiones, paralización de actividades productivas en zonas críticas, extorsión sistemática a comerciantes y pérdida de confianza en el entorno empresarial. El incremento de los costos de seguridad privada y la fuga de capitales son consecuencias directas de la influencia directa de las actividades criminales en la seguridad de la actividad económica.

 Esto ha provocado  un deterioro en los ingresos fiscales y en la sostenibilidad del aparato productivo nacional. 

La propuesta  legislativa  del  gobierno busca   interrumpir    los flujos económicos ilícitos que alimentan y sostienen a las organizaciones armadas organizadas  y debilitar sustancialmente sueconomía.