La publicación “Periodismo, violencia y persecución: Informe sombra sobre la libertad de prensa en América Latina 2024,” da cuenta de esta situación. A nivel regional  y en especial  pide  revisar las legislaciones vigentes para prevenir el uso del sistema judicial como herramienta de persecución contra periodistas e introducir  reformas legales  que garanticen la libertad de expresión como principio rector. 

El Informe sobre Ecuador,   no incluye  la conducta individual de los responsables  de algunos portales digitales que, aprovechando la ausencia de normas legales en este campo  denigran, desinforman, calumnian o defienden a los cabecillas de las organizaciones criminales, de narcotraficantes y contrabandistas  de minerales, como el oro e incluso el contrabando masivo de combustible. Y lo más grave se extiende  la difusión de noticias falsas que se han convertido en armas de odio, persecución y desinformación.  El Informe se sustenta  en una recolección de datos  proporcionados por la ONG Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

En concreto documento  señala: 

• Que la violencia contra la prensa persistió mediante ataques armados, acoso judicial y censura, concentrados en zonas estratégicas del país vinculadas a núcleos de poder político y económico.
• Que hubo 194 alertas,  un 33,5% menos que en 2023. 
• Que las organizaciones criminales, delictivas o terroristas, fueron responsables del 19,9% de las alertas.
• Que los gobiernos locales han colaborado con estos grupos criminales para extorsionar y amenazar a periodistas.
•  Que  la violencia armada contra la prensa evidenció el retroceso en las garantías para investigar, informar y acceder a información libre y plural. 
• Que el 92.9% de las  14 alertas por restricciones en acceso a la información, fueron perpetradas por actores estatales.
• Que  el  decreto ejecutivo para la conformación del Comité Nacional de Ciberseguridad,   compromete la protección de datos personales, transparencia en el uso de la información, rendición de cuentas y, en particular, el acceso a la información pública.
• Que el gobierno del presidente, Daniel Noboa ha implementado una política de silencio y opacidad, que obstaculiza el trabajo periodístico y limita el derecho de la ciudadanía a estar informado. 
• Que el   sistema judicial  tramita  15 procesos civiles y penales de los cuales 10 fueron iniciados por actores estatales.
• Que el empresario Xavier Jordán,  procesado penalmente por corrupción y coparticipe intelectual del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavigencia,  utilizó el sistema judicial para plantear  8 demandas por daño moral contra medios y periodistas que lo investigaban.
• Que  seis de cada diez alertas (60,3%) fueron agresiones y ataques,  tanto por actores estatales como no estatales, para censurar, intimidar y desgastar al periodismo de investigación. 
• Que la aparición de nuevas formas de censura facilitadas por herramientas tecnológicas   fueron blanco de campañas sistemáticas de desprestigio y amedrentamiento, ejecutadas mediante estrategias de comunicación asociadas a estructuras criminales.
• Que  la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) alertó sobre la filtración masiva e ilegal de   conversaciones entre más de 150 periodistas y el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023.
• Que  esta filtración representa una de las mayores violaciones a la privacidad de periodistas en el país, y fue utilizada para exponerlos públicamente de forma violenta e individualizada. 
• Que hubo  6 alertas transversales por violencias basadas en sexo u orientación sexual,   amenazas y ataques a la integridad física de las periodistas y agresiones verbales.
• Que  se reportaron ataques misóginos y descalificaciones machistas contra columnistas que escribieron sobre la consulta popular  y   que expresaron opiniones políticas en redes sociales. 
• Que  la identidad sexual sigue siendo un factor de riesgo para el ejercicio periodístico en Ecuador.