Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH, ente que forma parte de la OEA, se ha denunciado declaraciones de altos funcionarios que ordenan investigaciones o enjuiciamientos contra personas concretas, destituciones de fiscales de carrera,sin garantías procesales o basadas en méritos establecidos y amenazas de pérdida del empleo vinculadas a la afiliación política o la lealtad percibida, en vez de basarse en los méritos o criterios objetivos.

La CIDH dice que tales acciones erosionan la confianza pública en las instituciones estatales responsables de administrar e impartir justicia, socavando así la gobernabilidad democrática. Cualquier forma de control político sobre las actividades de quienes ejercen funciones judiciales basada en criterios discrecionales o motivados políticamente es intrínsecamente incompatible con las garantías de independencia e imparcialidad que, en virtud del derecho internacional, deben observarse en todos los procedimientos disciplinarios, advierte.

La Comisión  exhorta además al Estado norteamericano   impedir el uso indebido del derecho penal y los procedimientos penales como forma de restringir la independencia del personal judicial, a garantizar el pleno respeto de los derechos al debido proceso en todos los procedimientos y a asegurar que las decisiones en materia de empleo en el sector público se basen exclusivamente en criterios objetivos y transparentes, libres de influencias políticas o represalias.

La Comisión reitera la larga tradición de los Estados Unidos como defensor mundial de la democracia, las libertades individuales y el estado de derecho, y alienta a sus autoridades a renovar su compromiso con estos valores, en consonancia con décadas de avances en la protección de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.