Por Fernando Borja Gallegos
1 de julio de 2024
Las elecciones previstas para el 4 de julio de 2024, con el propósito de ocupar 650 escaños en la Cámara de los Comunes, es de especial importancia porque son las primeras luego del brexit – proceso en el que el Reino Unido abandonó la Unión Europea-. Posterior al referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el cual el 51,9% apoyó la salida de la Unión Europea.
El primero de febrero de 2020, luego de un tormentoso y complejo “acuerdo de retirada” el Reino Unido dejó la Unión Europea.
La derecha tradicional activamente defendió el brexit, la izquierda la apoyó de una manera tenue, más unos pocos pro europeos, solicitaron la “membresía y el mantenimiento de la Unión Aduanera”.
Interesante rememorar que el Primer Ministro David Cameron, líder del Partido Conservador, fue partidario de permanecer en la Unión Europea.
Theresa May, quien reemplazó a Cameron fue Primera Ministra desde julio de 2016 hasta julio de 2019. Fue la segunda mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra posterior a Margaret Thatcher. May, anunció su deseo de favorecer al brexit. Theresa May dimitió en el 2019 y la reemplazó Boris Johnson. Líder conservador hasta el 2022.
El 6 de julio de 2022, Boris Johnson renunció, luego de ciertos escándalos relativos a la pandemia del covid 19 y le reemplazó Mary Truss –Oliz Truss-, líder del Partido Conservador, la que dimitió el 20 de octubre, siendo la Primera Ministra que permaneció en el cargo por el período más corto de la historia.
Rishi Sunak, Ministro de Hacienda en el mandato de Johnson, es actualmente el primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, líder del Partido Conservador, ejerce el cargo desde el 25 de octubre de 2022.
En las elecciones previstas para el citado 4 de julio, en las que se elegirá a 650 miembros de las Cámaras de los Comunes, se comprobará, según mi criterio, la sólida mayoría laborista que obtendrá amplio respaldo del pueblo, luego de más de 14 años de dominio del Partido Conservador.
Nada difícil que en los próximos años se plantee el reingreso de Reino Unido a la Unión Europea. En los actuales momentos el líder laborista Sir Keir Stármer, que cuenta con el apoyo de los opositores al brexit, derrotará al actual Ministro Rishi Sunak y al Partido Conservador. Derrota que permitirá que la oposición obtenga más de 190 escaños en la Cámara de los Comunes.

Ricardo Homs

Todos entendemos perfectamente que estas elecciones fueron definidas por el valor que le representó al electorado la ayuda que el Gobierno federal otorga a las familias, de las cuales muchas de ellas con esta ayuda pudieron salir de la pobreza.Sin embargo, ninguna institución representativa del sector empresarial ha reivindicado el origen de las ayudas de tipo social que otorga el gobierno, las cuales llegan a través de los impuestos que paga el sector productivo del país. 

El pago de impuestos de las empresas -así como de sus trabajadores y sus accionistas-, también genera el presupuesto que permite el financiamiento de servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, la obra pública, la seguridad y además, mantiene la nómina de toda la infraestructura de trabajadores al servicio del estado, por citar algunos rubros.

Es fundamental dejar claro ante la sociedad que los gobiernos no generan recursos económicos, ni tienen la posibilidad de hacer dinero en su fábrica (de billetes), si este no está sustentado en la productividad del país que se genera desde la iniciativa privada.

La vocación y la responsabilidad de cualquier gobierno es administrar y redistribuir el dinero que obtiene a través de los impuestos.

Si las empresas mexicanas desaparecieran -porque dejasen de ser competitivas en los mercados-, el gobierno dejaría de recibir impuestos y tarde o temprano no tendría los recursos económicos para pagar todas las prestaciones y ayudas sociales que hoy reciben millones de familias mexicanas a través del gobierno.

Sólo fortaleciendo y apoyando al sector empresarial se podrá garantizar que nunca falte dinero para apoyar a las familias más necesitadas de este país.

Las pequeñas y medianas han sido olvidadas por este gobierno que finaliza, mientras paradójicamente las grandes fortunas se han incrementado escandalosamente durante este gobierno del presidente López Obrador.

Sin embargo, diversos estudios del Inegi reconocen que 70% de los empleos en México los generan las pequeñas y microempresas, las cuales por su gran volumen suman una gran masa productiva que hoy está conformada por casi cinco millones de Mipymes, o sea pequeñas y micro.

En contraste, medianas y grandes, suman un poco menos de cien mil empresas.Preocupante es que las Mipymes son las que hoy están siendo acosadas por el crimen organizado con el cobro de derecho de piso y además, son extorsionadas por autoridades menores a lo largo de nuestro territorio.

El gobierno les deja a su suerte frente a la delincuencia organizada y las cámaras empresariales no se han comprometido con ellos “codo con codo”.Es urgente voltear a ver hacia este sector y convertirlo en el eje de nuestra economía. Lo primero que habría que ofrecerles es seguridad, protegiéndolos de la extorsión.

Mientras no exista un trabajo de inteligencia para desintegrar bandas delictivas el problema de la extorsión seguirá creciendo.

Este debiese ser el primer reto que asuma el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, si quiere impulsar el crecimiento de nuestro país.

Ser empresario no es un oficio, sino una vocación. Por ello será necesario desarrollar el sentido de pertenencia a este sector y el orgullo por pertenecer a él, por parte de micro y pequeños empresarios, que son el alma y corazón de nuestro sector productivo.

LA REFORMA JUDICIAL

Parece ser que los riesgos de intervención del crimen organiza do en las elecciones de ministros, magistrados y jueces -que pretende imponer la reforma judicial que se votará en septiembre de este año por la nueva legislatura-, están siendo minimizados por el Presidente. ¿Tampoco estará considerando que la ley no puede ser retroactiva?… Este es un principio universal del derecho. Aun si fuese aprobada esta reforma, la instrumentación de este artículo operaría a partir de las jubilaciones de los funcionarios actuales, pues la remoción de estos sería inconstitucional y un rompimiento del Estado de derecho. Los ministros, magistrados y jueces actuales deben ser intocables. Sólo quienes se jubilen y las nuevas plazas podrían estar sujetas a la nueva modalidad. ¿A usted qué le parece?

* Artículo tomado del diario El Universal de México, con autorización del autor para  www.radioequinoccio.com  de Ecuador

Ricardo Homs*

El presidente López Obrador ha declarado como una “cláusula irrenunciable” el someter a votación popular la selección de ministros de la SCJN, magistrados y jueces. Esto es una bomba de tiempo de proporciones mayúsculas.

Más allá de sus argumentos y de sus buenas intenciones, el daño puede ser descomunal.Si en las elecciones de alcaldes y autoridades municipales la delincuencia organizada metió mano, bloqueando candidatos, amenazando a unos para que abandonasen la contienda, asesinando a otros, e impulsando a unos más, así como presionando a la población en las zonas donde los grupos delictivos tienen control, para que votasen a favor de sus protegidos, esta cláusula a la que hace referencia el Presidente se convertiría en la “caja de Pandora”.

Que urge realizar una reforma judicial, es inaplazable. Sin embargo, el cómo y con qué cambios es donde radica la diferencia.

Si aún hoy no podemos dimensionar la cantidad de dinero sucio que pudo haber sido invertido por la delincuencia para apoyar a sus candidatos afines —en las pasadas elecciones del 2 de junio—… Entonces, ¿qué podría suceder en una campaña organizada para designar ministros, magistrados y jueces?

Nuestro actual sistema innegablemente es imperfecto y proclive a las injusticias y la corrupción. Sin embargo, con voluntad política firme y la colaboración de los mismos miembros del Poder Judicial, es factible darle un vuelco y sanearlo, para convertirlo en lo que debe ser.

Una encuesta dirigida al “pueblo” significa capitalizar los agravios que el ciudadano viene arrastrando y el resentimiento por las injusticias, las cuales existen desde siempre y se viven hasta hoy.

La reforma no debe ser consultada con el pueblo, sino con los expertos en derecho de las universidades y de las organizaciones civiles que representan a los profesionales. Además, se deben analizar los intentos realizados en otros países del mismo nivel del nuestro.

En una consulta abierta y popular, el pueblo dará un respaldo emocional a la iniciativa presidencial. En contraste, los profesionales del derecho ofrecerán respuestas constitucionales y con propuestas de beneficio colectivo.

El mayor riesgo lo representa la altísima probabilidad de que el crimen organizado patrocine las campañas de ministros, magistrados y jueces, para controlarlos, como ha sucedido en muchas regiones con la elección de alcaldes y quizá otros cargos más importantes aún. Éste es un riesgo de “seguridad nacional” que aún no se ha dimensionado.

Los organismos conformados por profesionales del derecho, así como universidades, deben manifestarse a partir de estos escenarios.

Empoderar al pueblo como guía en la aplicación de la justicia traería aparejada consigo una nueva cultura jurídica de tipo popular, que generará pérdida de autoridad para el Estado mexicano y el incremento de actos de barbarie aplicados como justicia colectiva. Se incrementarían los actos justicieros de turbas enardecidas que en muchas ocasiones culminan en linchamientos con crueldad extrema.

Sin embargo, el peor escenario será dejar en manos del crimen organizado —a través de sus jueces apadrinados y patrocinados— la aplicación de la justicia.

La mesura y el análisis profundo a la luz del derecho debe aplicarse en este tema tan peligroso para el futuro del país y no responder a intereses políticos.

Dos pesos y dos medidas

Cuando se investigó la corrupción del Poder Judicial en la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, con testimonios de jueces que denunciaron haber sido amenazados e intimidados por Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, no sucedió nada y no prosperaron las denuncias.

En cambio, por una cena organizada por la ministra Piña —simplemente para conciliar de buena fe los conflictos internos del Tribunal Federal Electoral—, el presidente López Obrador armó un escándalo y a partir de ello pretende desacreditar al Poder Judicial para poder someterlo a una reforma agresiva.

Dos pesos y dos medidas.

¿A usted qué le parece?

* Artículo tomado de diario El Universal de México con autorización de su autor para www.radioequinoccio.com  de Ecuador

Por Fernando Borja Gallegos
12 de junio de 2024
Importante rememorar que el 10 de febrero de 2019, en Radio Equinoccio.com, publiqué mi artículo “EL PREMIO NOBEL A LA CORRUPCION”. Artículo reproducido en la página 49 de mi libro “El imperio del delito –de los indignados de ayer a los enardecidos de hoy-“, primera edición de febrero de 2020, en el cual afirmo: “El filántropo Alfred Bernahard Nobel, fue un intelectual químico e ingeniero, que instituyó en su testamento los premios que tienen su nombre y se entregan desde 1901, en Física, Química, Medicina, Literatura y Paz; y, desde 1968, en Ciencias Económicas.

En la Academia y en sus instalaciones no solamente se dedicaron al análisis de la creación en los campos de la ciencia y de la cultura en general, ya que muchos de sus miembros, en algunas ocasiones, se dedicaron al amor y al frenesí y, en su desbordante pasión, entraron en el campo de las vejaciones y abusos, como lo denunciaron varias mujeres.

Por el gran escándalo producido, la académica Katarina Frostenson, abandonó la Academia por las graves acusaciones contra su marido el dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Interesante rememorar que la Real Academia de Ciencias Sueca, sufre el deterioro de su prestigio, por el caso del médico-cirujano Paolo Nacchiarini, que es investigado por la muerte de seis de sus pacientes.

El Premio Nobel de Medicina en el año 2018, Arvid Carlsson, afirmó que “es el peor escándalo en la historia de los Nobel”. Si agregamos a los referidos casos, la impugnación que se ha exteriorizado respecto de los Nobel conferidos a personas que no lo merecían, obliga a que se cree el “Premio Nobel a la Corrupción”, premio que recaería en América Latina, tomando en cuenta que la mayoría de sus ex Jefes de Estado, de sus Ministros, Legisladores y Miembros de la Función Judicial, están involucrados en múltiples delitos, entre otros, peculado, cohecho y, últimamente, acoso sexual”.
Se complementa lo transcrito con lo que contiene mi artículo “La corrupción invade el premio nobel de literatura”, publicado el 28 de abril de 2018, en Radio Equinoccio.com.
Hoy, la República del Ecuador, se debate entre la miseria, el miedo y la corrupción, por lo que, la inmensa mayoría de sus habitantes, caracterizados por nobles cualidades morales e intelectuales, exteriorizan repudio por lo que acontece en el país.
La minoría amoral que busca disociar a la República, logró llegar a la más alta cima en el campo de la corrupción, varios de los integrantes de las funciones del Estado despreciaron el Orden Jurídico y al margen de él, cometieron grandes desafueros. Basta citar como ejemplo que Ministros de los más altos Tribunales de Justicia desde la cumbre del delito llegaron a estafar y a engañar a varios delincuentes que, buscados por la justicia, denunciaron los chantajes y coimas a las que se sometieron.
La violencia imperante, el debilitamiento del Orden Jurídico y los cómplices y encubridores que impiden la condigna sanción de los infractores, obligan a la mayoría del pueblo ecuatoriano a meditar, seriamente, respecto de la necesidad de reformar la Constitución y Leyes de la República y a la reorganización pertinente de las instituciones del Estado.
Por los antecedentes expuestos, ratifico mi criterio de que amerita instituir el premio Nobel a la corrupción, premio que no significaría el emolumento económico sino un certificado que consigne los antecedentes penales del actor y su condigna sanción.