Las versiones de prensa peruana dan cuenta de que estas organizaciones criminales ecuatorianas, operan en la zona del norte amazónico del Perú.El exministro del Interior Rubén Vargas confirmó que están en territorio peruano desde el año pasado en busca de controlar las extorsiones, la trata de personas y la minería ilegal.
El especialista en seguridad, orden interno y en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, por su lado, afirmó que miembros de la organización criminal Los Choneros incursionaron en territorio peruano e ingresaron a la provincia de Condorcanqui, Amazonas, donde quemaron viviendas de una banda criminal peruana en represalia por la muerte de 2 de sus integrantes. Incluso, dijo, que esta banda ha construido una carretera de doble vía desde el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chichipe hasta el Tambo en el Cenepa, provincia de Condorcanqui en Perú.
“Son más de 6 km, por esa vía, los mineros ilegales ecuatorianos con financista de Colombia, han estado ingresando y explotando de la vertiente del Rio Cenepa, materiales de alto contenido de oro.Hace 2 semanas a raíz de la intervención del ejército que destruyó maquinaria en esa zona, se han replegado al Ecuador”, preciso.
La construcción de la carretera en mención, fue apoyada por la banda criminal ‘Los Choneros’ de Ecuador, quienes tendrían un campamento a pocos kilómetros de la ruta,reveló.
Francisco Yampis, alcalde del centro poblado Shaim Alto Comainas, también confirmó la presencia de Los Choneros.
Precisó que organizaciones criminales procentes de Ecuador invadieron “más de 30 kilómetros” de territorio peruano y que Los Choneros actúan como brazo armado de los mineros ilegales
El alcalde también acusó a policías, militares y otras autoridades locales de estar supuestamente involucrados en actos de corrupción que facilitan la presencia de estas mafias.
“Los generales, los policías y los militares reciben coimas. Por eso no se puede controlar lo que está ocurriendo”, señaló. Además, agregó que estas irregularidades llevan ocurriendo décadas sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado.
Yampis relató que la actividad minera ilegal genera enfrentamientos y episodios de violencia que obligan a las familias indíenas awajún a abandonar sus hogares.
La ubicación remota de las comunidades afectadas, a dos o tres días de camino desde la frontera, facilita la incursión de estas mafias. Según el alcalde, los puestos militares en la zona son insuficientes y carecen de recursos para enfrentar a los grupos armados. “El puesto militar de PB4 no hace nada. Aunque informan lo que sucede, las autoridades en Lima no actúan”, aseguró.
Las comunidades awajún, conformadas por más de 3.000 personas, se han dedicado históricamente al cultivo de yuca y la crianza de animales, actividades que ahora están amenazadas por la minería ilegal. “Cuando no había minería, mi gente vivía en su chacra. Ahora todo ha cambiado con la llegada de estas mafias”, lamentó Yampis.
Yampis también cuestionó la falta de vigilancia en la frontera y criticó a las autoridades por priorizar los intereses de los mineros ilegales por encima de las necesidades de las comunidades indígenas. “Los generales de policía y los militares tienen su cupo ahí. El Estado favorece a los ricos, pero abandona a los awajún”, sostuvo.
El alcalde subrayó que la resistencia de las comunidades ante estas incursiones no ha sido suficiente para frenar el avance de los mineros ilegales y sus aliados. “Si el Estado no nos ayuda, nosotros tomaremos decisiones. Las rondas campesinas se movilizarán porque no podemos seguir esperando mientras destruyen nuestras tierras”, concluyó.

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