YAUNDE,CAMERUN (Agencia ANE).- El Papa León XIV concluyó este miércoles su visita a Argelia y emprendió rumbo a Camerún, segundo país africano de su visita apostólica.

La niña ecuatoriana Norma, nombre ficticio, tenía 13 años cuando quedó embarazada como resultado del incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos. Ella se vio obligada a llevar su embarazo  y dar a luz a un niño nacido del incesto. A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.

En Ecuador, el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas

Al caso de Norma  se une el de  otras dos  que fueron víctimas de lo mismo  en Nicaragua.

 Susana, así mismo nombre ficticio, de Nicaragua  fue abandonada por su madre biológica cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos. Su abuelo la mantuvo aislada, obligándola a trabajar y negándole el acceso a la educación básica. Tenía seis años cuando su abuelo comenzó a abusar sexualmente de ella. Fue regularmente violada y maltratada  antes de quedar embarazada a la edad de 12 años. Su abuela intentó, sin éxito, obtener apoyo y protección por parte de las autoridades. Un día después de que naciera el bebé, Susana presentó una denuncia penal y solicitó protección de su abuelo abusivo. Después de que se emitiera una orden de detención, las autoridades informaron a Susana que no podían hacer cumplir dicha orden ni brindarle otras garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona.  Susana no tuvo otra opción que quedarse con el niño, quien ahora es criado por su abuela.

Lucía, también nicaragüense, tenía solo 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla, obligándola también a tomar pastillas anticonceptivas de emergencia. Después de varios meses de abuso sexual, Lucía quedó embarazada. A pesar de la profunda depresión, continuó sus estudios en la escuela secundaria con el apoyo de sus padres y presentó una denuncia penal contra el sacerdote. Ella y su familia fueron amenazados para que retirasen los cargos debido a la posición social y religiosa del victimario, pero se resistieron. Las autoridades no tomaron ninguna medida contra el sacerdote a pesar de los cargos penales presentados contra él. Al igual que en el caso de Susana, Lucía no pudo acceder al aborto y terminó siendo obligada a llevar su embarazo a término. Durante el parto, fue sometida a abusos psicológicos y físicos y maltrato por parte del personal médico, lo que resultó en su revictimización. El hijo de Lucía es ahora criado por sus abuelos, los padres Lucía.

En Nicaragua el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal de salud que lo habilita.

Según el Comité  estos casos no habían sido investigados ni por Ecuador ni por Nicaragua. Estos países incumplieron con el artículo 6 del Pacto Internacional, respecto al derecho a la vida. Dicho artículo no puede entenderse adecuadamente si se interpreta de manera restrictiva, ya que este también se refiere al derecho de poder disfrutar una vida digna, señala Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Las tres menores sufrieron altos niveles de angustia, causados tanto por el abuso sexual, como por el embarazo no deseado. Además, “particularmente a esta temprana edad, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza”, explicó Tigroudja.

El Comité también pidió a Ecuador y Nicaragua  que adopten  medidas para reparar los daños causados por estos embarazos forzados y las resultantes maternidades forzadas.